Licencias provisionales, reserva de suelo, 1.100 millones al año y préstamos: la hoja de ruta de Cataluña con la vivienda

El gobierno de la Generalitat de Salvador Illa ha aprobado un plan con el objetivo de construir 50.000 viviendas públicas para el año 2030. La medida contempla una serie de acciones para mejorar el acceso a la vivienda en Cataluña, enfocándose en ayudas a familias y jóvenes, activación de solares, agilización de trámites y el aseguramiento de financiamiento para nuevas promociones. El plan busca mitigar el déficit de vivienda pública, que actualmente representa solo el 4% del total en Cataluña.

La portavoz del gobierno, Sílvia Paneque, ha explicado que este plan supone una inversión anual de 1.100 millones de euros, una cifra que duplica los recursos destinados a políticas de vivienda hasta ahora. Con esta inversión, el gobierno espera aliviar la falta de vivienda protegida en Cataluña, una situación que afecta a más de 90.000 personas registradas como demandantes de vivienda de protección oficial.

Apoyo a los jóvenes: Fondo de emancipación

Una de las medidas clave del plan es la creación de un fondo público de emancipación, dotado con 100 millones de euros anuales. Este fondo permitirá a los jóvenes acceder a su primera vivienda, financiando el 20% del pago inicial, siempre que la vivienda sea de segunda mano.

Las viviendas adquiridas a través de este fondo formarán parte de una nueva categoría de vivienda protegida, denominada "vivienda de precio limitado". Estas propiedades no podrán venderse en el mercado libre y, en caso de venta, deberán mantenerse al precio original sumado al IPC. Según Paneque, la medida busca mantener el control público sobre estas viviendas, evitando que se pierdan en procesos de venta y asegurando que sigan siendo asequibles.

Se estima que este fondo facilitará la compra de 12.000 viviendas en los próximos cinco años, aunque las condiciones específicas, como los ingresos de los jóvenes y el tamaño de las viviendas, aún están por definirse.

Agilización de trámites para la construcción

De los 1.100 millones de euros de inversión anual, el gobierno ha destinado 500 millones a una línea de créditos para operadores públicos y privados que construyan viviendas protegidas. Anteriormente, solo las cooperativas podían acceder a este tipo de financiación, pero ahora se extiende a operadores privados.

Esta financiación se llevará a cabo a través del Institut Català de Finances, que ofrecerá una bonificación en los tipos de interés para impulsar la construcción de viviendas públicas. Además, el plan incluye otros 500 millones de euros anuales en ayudas directas a las familias para el alquiler y, en menor medida, para la compra de vivienda.

Reserva de solares para nuevas construcciones

Con el fin de movilizar la construcción de nuevas viviendas, el gobierno ha anunciado la creación de una reserva pública de solares. A partir de febrero de 2025, se abrirá una convocatoria para registrar terrenos disponibles, tanto públicos como privados, destinados a la construcción de viviendas de protección oficial. Esta medida permitiría la construcción de hasta 20.000 viviendas entre 2027 y 2028.

Asimismo, se estudian cambios normativos para que los municipios puedan utilizar solares destinados a equipamientos para construir alojamientos para colectivos con dificultades de acceso a la vivienda. Además, el gobierno buscará colaborar con el Estado para transformar edificios de su propiedad en viviendas protegidas o alojamientos sociales.

Agilización de trámites para la construcción

Otro aspecto clave del plan es la simplificación de los trámites necesarios para la construcción de viviendas protegidas. Actualmente, el proceso puede tardar hasta ocho años, desde la planificación urbanística hasta la entrega de las viviendas. Para reducir estos tiempos, el gobierno implementará cambios legislativos que introduzcan una licencia básica. Esta licencia permitirá iniciar las obras de construcción o rehabilitación mientras se tramitan los permisos urbanísticos.

El plan también contempla la creación de un comité de agilización urbanística y un decreto que habilitará a entidades colaboradoras para realizar tareas de verificación y control, lo que ayudará a acelerar la concesión de licencias municipales.