Un mosso apartado recibió la orden de escoltar a Puigdemont en Bélgica

El intendente Toni Rodríguez, anterior jefe de investigación de los Mossos d’Esquadra, fue el primero en declarar ayer como testigo en el juicio al exconsejero de Interior, Miquel Buch, por presuntamente designar a un mosso como escolta de Carles Puigdemont, y puso al acusado contra las cuerdas nada más empezar la sesión. En concreto, Rodríguez confirmó la tesis de la Fiscalía de que el posconvergente fichó a Lluís Escolà, un sargento apartado que ayudó a huir al mismo expresidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2017 a Bruselas, como asesor para que le pudiera seguir prestando protección en Waterloo entre 2018 y 2019.

Ante el tribunal y a preguntas del teniente fiscal Pedro Ariche, Rodríguez relató que Lluís Escolà era un veterano escolta perteneciente a esta unidad del cuerpo de los Mossos, que actuaba con una «enorme autonomía» y que tuvo una «relación» de «mucha confianza» con Puigdemont, «es de suponer que por afinidad con los postulados independentistas», apostilló Rodríguez. De hecho y en esta parte inicial de la declaración, el intendente confirmó que Escolà ayudó a huir a Puigdemont de España el 29 de octubre de 2017 «de espaldas» a la estructura del cuerpo.

Luego, Escolà encadenó varios permisos, vacaciones y días especiales para viajar hasta Bruselas y escoltar –sin arma ni uniforme– al expresidente de la Generalitat, algo que publicó en las redes sociales y generó una fuerte incomodidad dentro del cuerpo policial.

El hecho de que hubiera ayudado a Puigdemont en su fuga provocó entonces que la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos le abriera una investigación. El proceso concluyó el 20 de julio de 2018 con cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo y su traslado del área de escoltas a una comisaría de Martorell. Ese mismo día, a propuesta de Buch, se creó una plaza de asesor en el departamento de Interior que se asignó a Escolà.

Aquí, el intendente explicó que el exalcalde de Girona y exdelegado de la Generalitat en esta misma provincia, Albert Ballesta, había llamado al entonces jefe de los Mossos, Ferran López, para reclamar una excedencia a Escolà, algo que el agente rechazó. Y fue entonces cuando Interior le fichó como asesor. Escolà se mantuvo en el puesto –un cargo de confianza que los consejeros tienen la potestad de nombrar a dedo– hasta marzo de 2019 y en ese tiempo percibió más de 52.000 euros de sueldo de las arcas públicas. El fichaje cumplió todos los requisitos formales y fue legal, admitió el intendente Rodríguez, pero Buch lo aprovechó para que Escolà pudiese seguir protegiendo a Puigdemont en Bélgica pese a haber sido apartado por ayudarle a huir.

La Fiscalía pide seis años de cárcel y 27 de inhabilitación a Buch (Junts) y cuatro años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación para Lluís Escolà por los delitos de malversación y prevaricación, al considerar que se le nombró asesor para que siguiera ejerciendo, con fondos públicos, de escolta de Puigdemont tras el 155.

A la espera de que Buch y el sargento acusado declaren el próximo 13 de julio, en el penúltimo día del juicio, mañana viernes será el turno de Carles Puigdemont, quien declarará como testimonio por videoconferencia desde Waterloo, a petición de su defensa. Es más, esta es la primera vez que se acepta una declaración telemática del expresidente de la Generalitat en una vista oral.