El Pacte Nacional per la Llengua, una iniciativa largamente reclamada por entidades de defensa del catalán y promovida inicialmente por el expresident Pere Aragonès, se firmará, finalmente, mañana, en un lugar emblemático: el Institut d’Estudis Catalans. Lo hará con el impulso del actual presidente, Salvador Illa, y con el respaldo del PSC, ERC, los Comuns, entidades sociales y sindicales. Sin embargo, llegará sin la firma de dos de los principales partidos independentistas: Junts per Catalunya y la CUP. Ambos han declinado sumarse a un acuerdo que consideran insuficiente y mal orientado políticamente, lo que constata que ni si quiera el catalán, una de las principales banderas del independentismo, logra unir al movimiento.

La propuesta contempla una inversión de 255 millones de euros para fomentar el uso del catalán durante el primer año. Más de cien millones irán destinados al sistema educativo, 78 millones a ampliar y mejorar las aulas de acogida para alumnos recién llegados, y otros 73 al impulso del sector audiovisual y a la promoción de la lectura en lengua catalana.

En el contexto del pacto es donde se concretó, también, la creación de la actual conselleria específica de Política Lingüística, que dirige Francesc Xavier Vila, exsecretario de Política Lingüística en el gobierno de Aragonès.

Pacto insuficiente

A pesar del amplio respaldo social, Junts y la CUP consideran que el pacto nace cojo por no incluir una respuesta clara a «la ofensiva judicial del Estado español contra el catalán». El Tribunal Constitucional tiene pendiente una sentencia sobre la ley y el decreto aprobados la legislatura pasada, con el apoyo de PSC, ERC, Junts y Comuns, para intentar esquivar la decisión judicial de impartir el 25% de clases en castellano en las escuelas. Desde la CUP critican que el pacto no contenga una posición clara ante esa resolución, ni contemple medidas concretas para resistir judicialmente o políticamente esa «imposición». Para la diputada Laia Estrada, el texto puede quedar en «papel mojado» si no se «planta cara al Estado».

Una crítica similar la sostiene Junts, que ha expresado que el Govern debería comprometerse más en la defensa activa del catalán, empezando por el propio uso institucional del idioma, tanto en comunicados oficiales como en discursos. También reclaman mayor contundencia frente a las «injerencias judiciales y políticas del Estado». Por ese motivo, consideran que el pacto no es, en realidad, un «acuerdo de país», ya que no ha conseguido sumar al conjunto de las fuerzas nacionalistas.

Algunas entidades sí han decidido apoyar el texto, aunque con matices. Òmnium Cultural, una de las principales entidades catalanistas de Cataluña, no ha hecho declaraciones en los últimos días, pero lleva años reclamando un pacto nacional de este tipo. Plataforma per la Llengua también se sumará, si bien ha advertido de «carencias e incongruencias» en el texto. La entidad ha señalado, por ejemplo, que en el ámbito educativo no se concreta una respuesta firme ante la sentencia del 25% y que algunas de las acciones previstas carecen de dotación presupuestaria real. También lamentan que el pacto no haya logrado sumar a todas las fuerzas del arco parlamentario, lo que, en palabras de sus portavoces, es una muestra de que no se trata de un auténtico acuerdo nacional.

Desde los socios de investidura de Illa, ERC y los comunes, reivindican la trascendencia del pacto. El diputado Jordi Albert, de Esquerra, recuerda que el acuerdo queda abierto a nuevas incorporaciones y lamenta la ausencia de Junts, que, según dice, se ha descolgado por la «tibieza» del Govern en esta cuestión. El portavoz de los comunes, David Cid, celebra que las reticencias no hayan frenado la firma y defiende que este es un pacto «amplio, transversal y con recursos», que debe marcar un punto de inflexión en la política lingüística catalana. Por su parte, Illa también lamenta la ausencia de Junts y defiende la importancia del pacto porque «el catalán es la lengua de Cataluña».

Más allá de los equilibrios políticos, el pacto llega en un momento delicado para la salud del catalán. Según la última encuesta publicada por la Generalitat, el uso habitual del idioma ha descendido del 36,1% en 2018 al 32,6% en 2023. La tendencia es especialmente acusada entre la población de entre 30 y 44 años. La Generalitat confía en que el despliegue de las medidas acordadas permita revertir esta situación. No obstante, el debate sobre cómo defender el catalán sigue dividiendo a las fuerzas políticas, en particular al independentismo, que no ha logrado consensuar una estrategia común para afrontar uno de los grandes retos culturales y políticos de Cataluña.