Primer plan millonario de Cataluña contra la sequía tras el aviso de la UE

El Govern de Pere Aragonès ha dado luz verde a un nuevo plan millonario contra la sequía que triplica el presupuesto del anterior. Un paquete de inversiones para ejecutar hasta 2027, que llega con ocho meses de retraso y en plena crisis por la ausencia de lluvias constantes a lo largo de los últimos años. De hecho, la Unión Europea abrió un expediente a la Generalitat por no presentarlo a tiempo, un toque de atención antes de posibles sanciones que el Ejecutivo catalán quiere esquivar con su visto bueno definitivo.

En concreto, el plan tiene por objetivo controlar y mejorar la gestión del agua en las cuencas internas –los ríos que nacen y mueren en Cataluña– con una inversión de más de 2.400 millones, el triple que la actual. Las actuaciones previstas incrementarán en cerca de un 30% la disponibilidad de agua nueva mediante la multiplicación de la capacidad de desalinización, potabilización y reaprovechamiento del agua, con una generación prevista de 182 hectómetros cúbicos nuevos (el doble del consumo anual en una ciudad como Barcelona).

Una de las grandes inversiones será la ampliación de la planta de Tordera con una segunda desalinizadora, por un importe de 220 millones de euros y que el Gobierno se ha comprometido a financiar. También la extensión de 24 a 40 de las estaciones de regeneración de agua, con el acento puesto en el Besòs. En este sentido, de los 2.400 millones de inversiones previstas en el plan, unos 2.000 los aporta la Generalitat –hasta 1.400 a través de la Agencia Catalana del Agua (ACA)– y el resto el Estado (37 millones) y entes locales (250).

Además, se destinarán 266 millones de euros a apoyar a los ayuntamientos en las mejoras en el abastecimiento, la eficacia en el uso del agua y la regeneración, unas ayudas que el mundo local reclama para poderse asegurar el cumplimiento de las dotaciones máximas de agua del estado de excepcionalidad.

En total, el 60% de las inversiones hasta 2027 irán destinadas a aumentar la disponibilidad de agua, especialmente a partir de la desalinización, la regeneración y reutilización así como la modernización de regadíos. El horizonte con el que trabaja la Generalitat es en que 2050 habrá una reducción de hasta un 18% de la disponibilidad de agua en Cataluña, por lo que su obtención a través de nuevos mecanismos resulta clave a medio plazo.

El toque de atención de Bruselas

Pese a la magnitud del primer plan millonario contra la sequía, la medida llega tras un serio aviso de la Comisión Europea por el retraso acumulado. El Govern –en este caso el anterior, con Quim Torra a la cabeza– empezó a redactar el proyecto entre 2019 y el 2020.

Sin embargo, la tramitación prevista para el 2021 quedó «aplazada» por la interinidad del Ejecutivo y las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021, hasta que el gabinete reinició todo el proceso a partir del octubre de ese año, ya en plena alerta por la sequía. «Estuvo en un cajón unos meses y esto acarreó estos ochos meses de retraso», admitió el director del ACA, Samuel Reyes, en rueda de prensa. Sin embargo, desde el Govern confían en no recibir ninguna sanción desde Bruselas por ser la única comunidad junto con Andalucía y Canarias las únicas en incumplir el plazo, que finalizó en diciembre de 2022.

Al margen de este plan están las inversiones y ayudas por valor de 1.200 millones de euros que la Generalitat reclama al Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la situación en el Canal d’Urgell, cerrado por primera vez en la Historia seis meses antes de lo previsto por la grave sequía. La infraestructura depende de la Confederación Hidrográfica del Ebro, un organismo del Ministerio para la Transición Ecológica.