Santa Coloma de Gramenet es el último municipio en incorporarse al plan de choque contra la multirreincidencia impulsado por la consellera de Interior, Núria Parlon. El consistorio ha habilitado a la Policía Local el acceso directo a las bases de datos del Ministerio de Justicia, lo que permitirá conocer en tiempo real si una persona detenida cuenta con antecedentes penales, órdenes de alejamiento o medidas judiciales vigentes, tal y como informa el diario E-Notícies.

La alcaldesa Mireia González, sucesora de Parlon, ha definido la medida como “un paso adelante” en materia de seguridad, destacando que el objetivo es actuar con mayor rapidez frente a los delitos reiterados que generan mayor preocupación entre los vecinos. Hasta ahora, la obtención de este tipo de información podía demorarse horas o incluso días, dificultando la intervención inmediata de los agentes.

Una estrategia más amplia

El acceso inmediato a datos judiciales forma parte de un plan más ambicioso que contempla el refuerzo de patrullas, la intensificación de controles en la vía pública y la detección de armas blancas. Según el Ayuntamiento, estas actuaciones no solo buscan reducir la criminalidad, sino también mejorar la percepción de seguridad en la ciudad, un asunto que ha ganado peso en el debate político catalán por su evidente relevancia electoral.

La multirreincidencia es uno de los desafíos más complejos para las fuerzas de seguridad en Cataluña. Datos de los Mossos d’Esquadra indican que, en 2024, más de 3.000 personas fueron detenidas al menos tres veces en un año por delitos patrimoniales. El 80% eran hombres y, en su mayoría, no disponían de documentación española, según señaló Parlon.

Desde Interior advierten que este perfil delictivo concentra gran parte de los hurtos, robos y delitos que generan alarma social. La estrategia del Govern se resume en la premisa “quien la hace, la paga” y pasa por reforzar la vigilancia, mejorar el cruce de información y aumentar la presión policial sobre los reincidentes. No obstante, voces críticas subrayan que la clave estaría en impulsar reformas legales de mayor calado.

Coordinación institucional

La implantación de este sistema en Santa Coloma ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ministerio de Justicia, la Generalitat y el Ayuntamiento. La alcaldesa destaca que esta coordinación permite a los agentes actuar con mayor respaldo legal y rapidez operativa, y cita como ejemplo la cooperación establecida con el municipio vecino de Badalona.

Con esta incorporación, Santa Coloma se une a otras localidades del área metropolitana que ya aplican medidas similares. El reto ahora es doble: mejorar la seguridad real y la percepción ciudadana frente a un fenómeno que, pese a descensos puntuales en las estadísticas globales, sigue marcando la agenda política y social en Cataluña.