¿A qué van a ir destinados los 255 millones que Illa va a destinar al "pacto nacional" por el catalán?

Salvador Illa ha dado esta semana el pistoletazo de salida al nuevo Pacte Nacional per la Llengua, uno de los proyectos estrella del tripartito catalanista que el líder socialista intenta consolidar desde la Generalitat. El martes, en el Institut d’Estudis Catalans (IEC) de Barcelona, se escenificó la rúbrica de este acuerdo con el apoyo del PSC, ERC, los comunes, los sindicatos UGT y CC.OO, patronales como Foment y Pimec y diversas entidades sociales. Sin embargo, el pacto, que busca reforzar el uso del catalán en todos los ámbitos de la vida pública y privada, nace con importantes ausencias: Junts, la CUP y el sindicato mayoritario entre los docentes no universitarios, USTEC-STEs, se han desmarcado del acuerdo, lo que evidencia la falta de un verdadero consenso nacional. Además, entidades firmantes como Òmnium o Plataforma per la Llengua lo criticaron por "insuficiente".

La foto de unidad ha intentado venderse como una respuesta “transversal” a la situación del catalán, que pierde presencia social, especialmente entre los jóvenes, en el mundo digital, sanitario, judicial y laboral. Pero voces críticas han denunciado que el pacto no abre un debate real ni plural, y que deja fuera reformas estructurales exigidas desde hace años por quienes más defienden la lengua. Pese a ello, el documento firmado establece unas 200 medidas agrupadas en 21 ámbitos de actuación, con un presupuesto total de 255 millones de euros que, según el Govern, permitirán ganar 550.000 nuevos hablantes de catalán hasta 2030.

[[H3:Educación, acogida y formación de adultos: los grandes ejes]

El grueso de la inversión se destinará a tres grandes bloques: aulas de acogida, ayudas y subvenciones, y el Consorcio para la Normalización Lingüística. Solo las aulas de acogida, espacios donde se enseña catalán al alumnado recién llegado, recibirán 84 millones de euros. A eso se suman 57 millones para subvenciones a iniciativas y empresas culturales en catalán, 16 millones para medios de comunicación y 47,5 millones para relanzar el Consorcio, que será la piedra angular de la formación de adultos en lengua catalana.

El sistema educativo es uno de los focos principales. Además de las aulas de acogida, se destinarán fondos para mejorar la formación de los docentes en didáctica del catalán, fomentar la inmersión lingüística, sin aclarar cómo se garantizará su cumplimiento, y crear nuevos contenidos educativos en esta lengua. En el ámbito universitario, se pretende aumentar la docencia y la investigación en catalán, y se ha anunciado un programa piloto de becas salario para estudiantes de Filología Catalana, dotado con 25 ayudas de 500 euros cada una.

Justicia, sanidad y trabajo

En cambio, en sectores como la justicia, el sistema sanitario o el mundo laboral, las medidas son más limitadas. En justicia, el Govern se compromete a solicitar la modificación de la ley orgánica para exigir conocimientos de catalán a los trabajadores del ámbito judicial, traducir sentencias y crear una oficina para registrar denuncias por discriminación lingüística. También ofrecerá cursos de catalán a presos y ejercerá la acusación popular en casos de discriminación por motivos lingüísticos.

En sanidad, uno de los sectores donde más se ha denunciado la escasa presencia del catalán, se impulsará la formación básica en esta lengua para médicos y sanitarios recién llegados, y se crearán incentivos para atraer personal autóctono. Se destinarán 500.000 euros para formación específica. En el ámbito laboral, se reconoce que no se puede imponer el catalán como requisito individual a los trabajadores por jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y se apuesta por fomentar convenios y campañas voluntarias. La dotación prevista para este eje no supera los 335.000 euros.

Cultura, medios y vida cotidiana

El pacto también incluye un refuerzo al sector audiovisual en catalán, con ayudas al doblaje, la creación de contenido, videojuegos o medios de comunicación. Se contempla impulsar el reconocimiento del catalán en la Unión Europea, establecer la lengua como requisito para licencias de taxi y ofrecer formación a trabajadores del comercio y la restauración.

A nivel municipal, se prevé elaborar planes locales de fomento del catalán, especialmente en colaboración con el Consorcio de Normalización Lingüística.