El TSJC condena a Meritxell Serret (ERC) a un año de inhabilitación por desobediencia el 1-O de 2017

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a un año de inhabilitación a la actual consejera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, por presunta desobediencia en la organización y la celebración del referéndum del 1-O en 2017, cuando encabezaba el departamento de Agricultura en el Ejecutivo de Carles Puigdemont.

En la sentencia, hecha pública este miércoles por el Alto Tribunal, también le impone una multa de 12.000 euros. Serret se sentó en el banquillo de los acusados y fue juzgada el 29 de marzo. En la vista oral en el Palacio de Justicia, reclamó su absolución, declaró que actuó obedeciendo el “mandato democrático” de la mayoría independentista del Parlament favorable al 1-O, y sostuvo que el referéndum no fue un delito, en línea con los otros acusados del "procés".

La Fiscalía pedía año de inhabilitación por desobediencia grave por facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont.

Señala la sentencia que "uno de los elementos objetivos del delito consiste, precisamente, en la negativa abierta por parte del sujeto activo como elemento objetivo, a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales. La conducta abarca tanto la manifestación explícita y contundente contra la decisión judicial, dictamen u orden como la actitud reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo sin dar cumplimiento de lo mandado".

Respecto a los motivos de Serret para cometer del delito, el fallo añade que fue “por sus convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán y de poder decidir su futuro político que dimanan de la existencia de una mayoría social en Cataluña que reclama el derecho a decidir y del pacto nacional por tal derecho, porque se debía de dar respuesta social a la decisión de la mayoría parlamentaria por la celebración de un referéndum de autodeterminación y que ante el juicio ponderativo de respectar los requerimientos del Tribunal Constitucional o el mandato democrático, se inclinó abiertamente por este último.”.

Serret, que estuvo tres años huida en Bruselas, regresó a España el 11 de marzo de 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, que la había procesado por los delitos de malversación y desobediencia.

A diferencia del reciente caso de Clara Ponsatí, la republicana sí que compareció ante el juez Pablo Llarena y reconoció en el Supremo que, pese a que recibió las advertencias del Constitucional, decidió seguir adelante con el “procés” por ser un “mandato popular”, aunque insistió en que su departamento no destinó ningún pago para el 1-O. Finalmente, el Supremo acordó, en marzo de 2022, enviar a juicio a Serret por un delito de desobediencia, pero ya no por malversación, y traspasó la causa al TSJC.

“La acusada conocía perfectamente la ilegalidad de las decisiones que se estaban tomando, que las mismas ignoraban por completo los mandatos del Tribunal Constitucional, y que se estaban destinando fondos públicos a unos fines manifiestamente delictivos”, añade la fiscal en el escrito de acusación.

Serret ha anunciado que presentará recurso al fallo: "Me defenderé hasta donde sea necesario".

En un vídeo-comunicado publicado en cuenta de Twitter, ha recordado que la sentencia no es firme, por lo que su voluntad es la de seguir "confrontando al Estado y el sistema judicial, plantado cara a la represión".

Así, ha asegurado estar centrada en su trabajo al frente de la Conselleria de Acción Exterior para ayudar a "llevar más y mejor Cataluña al mundo" pese a que les quieran anular, ha dicho.

Reacciones

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que la condena a Serret es un "ataque" contra el derecho de voto, manifestación y reunión de los catalanes. "Hacer un referéndum no es un delito. Defender la independencia de Cataluña no es un delito y, por tanto, cualquier condena es profundamente injusta porque es una condena contra todos los derechos de los ciudadanos de Cataluña", ha declarado.

En la misma línea ha clamado el secretario general de Junts, Jordi Turull, quien ha criticado la sentencia contra Serret del TSJC.