La última del independentismo: se desangra en las encuestas pero se centra en eliminar una ley...¡del siglo XVIII!

El independentismo catalán atraviesa uno de sus momentos más débiles en más de una década. Las cifras lo confirman: según el último barómetro del CEO, solo un 39% de los catalanes se declara independentista, —el porcentaje más bajo en años—, y aún menos, un 31%, apuesta por un Estado propio al margen de España. El contraste con los tiempos del procés es evidente: aquellos años en los que las calles hervían y la épica se construía casi sola parecen hoy un recuerdo desteñido.

La tendencia también se refleja en la política institucional. En 2017, los partidos separatistas —Junts, ERC y la CUP, sin Aliança Catalana, que aún no existía— sumaron 77 diputados. Hoy, según las encuestas, ese bloque apenas lograría entre 63 y 67 escaños. Y no solo han perdido músculo: están sumidos en crisis internas, con liderazgos discutidos, estrategias contradictorias y una Aliança Catalana que complica el panorama político catalán. Con las encuestas en contra, las tensiones internas al alza y un electorado cada vez más desmovilizado, el independentismo buscaba un golpe de efecto. Y lo ha encontrado. En algún archivo del siglo XVIII, concretamente.

Los Decretos de Nueva Planta: derogar una ley de 1707

Este miércoles, Junts, ERC, los Comuns y la CUP anunciaron una nueva iniciativa política: pedir al Congreso la derogación de los Decretos de Nueva Planta, promulgados por Felipe V entre 1707 y 1716. Felipe V fue el primer monarca de la dinastía borbónica en España, nieto de Luis XIV de Francia, y su llegada al trono supuso un giro profundo en la estructura del Estado. Ascendió como heredero designado por Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austria, cuya muerte sin descendencia provocó un conflicto de dimensiones europeas: la Guerra de Sucesión Española (1701-1714). Aquella guerra enfrentó a las grandes potencias del continente —Francia y España borbónica frente a la alianza austracista formada por Inglaterra, Austria, Holanda y varios territorios de la Monarquía Hispánica— y tuvo también un fuerte componente interno, con distintos reinos tomando partido por uno u otro candidato.

La victoria de Felipe V consolidó un nuevo modelo político. Frente al sistema compuesto y pactista de los Austrias, donde cada territorio mantenía sus leyes, fueros e instituciones, los Borbones introdujeron reformas inspiradas en el absolutismo francés. Entre ellas destacaron los Decretos de Nueva Planta, que suprimieron las constituciones e instituciones propias de los antiguos territorios de la Corona de Aragón (Cataluña, Valencia, Aragón y Mallorca) e implantaron estructuras centralizadas de corte castellano, uniformando la administración, el derecho y la organización territorial bajo un mismo modelo.

En Cataluña, especialmente desde el auge del procés, aquel conflicto del siglo XVIII ha sido reinterpretado políticamente como una confrontación entre «España» y «Cataluña», y la caída de Barcelona en 1714 se ha convertido en un elemento simbólico clave dentro del relato identitario independentista. La figura de Felipe V y las consecuencias de la guerra son utilizadas en clave política para enlazar el pasado con las reivindicaciones contemporáneas del movimiento.

Con esa carga simbólica como telón de fondo, los cuatro grupos presentaron la iniciativa en el Parlament junto a la Associació de Juristes Valencians, que desde hace meses impulsa esta propuesta como forma de reparar la supresión de las constituciones e instituciones propias de la antigua Corona de Aragón. El texto registrado reclama la derogación explícita y efectiva de los decretos, que —dicen— instauraron un régimen absolutista, uniformizador y centralizador, sustituyendo los sistemas jurídicos e instituciones propias por estructuras castellanizadas al servicio de la nueva dinastía borbónica. Sostienen que la Nueva Planta significó la pérdida de derechos colectivos, libertades nacionales y una negación simbólica y material de la identidad política y cultural de los territorios.

Lamentan que, a pesar de que la Constitución española de 1978 reconoció «el carácter histórico de algunas nacionalidades y permitió el desarrollo de un cierto autogobierno», su disposición derogatoria segunda solo contempló la derogación de la abolición del régimen foral del País Vasco y Navarra, sin hacer referencia a los Decretos de Nueva Planta. Por todo ello, reclaman al Estado derogar los decretos de 1707, 1715 y 1716 y promover «una declaración institucional de carácter conmemorativo como acto simbólico de restitución de la memoria histórica y jurídica».

Sin embargo, cabe resaltar que defender la descentralización no es independentismo ni es “ser de izquierdas”, ni mucho menos. La tradición política europea demuestra justo lo contrario: los Austrias, la monarquía católica por excelencia en España y en Europa, fueron profundamente pactistas y articularon sus reinos desde el respeto a fueros, cortes e instituciones propias. Y el carlismo, movimiento inequívocamente católico y de derechas, también ha defendido históricamente el regionalismo, la diversidad territorial y la preservación de la cultura, la lengua, las tradiciones y las instituciones de cada comunidad. Reivindicar la pluralidad de España no es un gesto ideológico, sino la continuidad de una larga historia en la que la unidad nunca estuvo reñida con el reconocimiento de las diferencias.