Un juzgado da 24 horas a la sanidad valenciana para que provea a su personal de medios de protección

El Juzgado de lo Social número 10 de Valencia, a solicitud del Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana, ha requerido a la Conselleria de Sanidad para que, con “carácter urgente e inmediato, provea a todos los centros sanitarios de la provincia de Valencia de batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores grandes de residuos para garantizar su protección”.

En un auto fechado este jueves y hecho público por el citado sindicato, el juzgado ha acordado lo anterior como medida cautelarísima, es decir, en virtud de un procedimiento extraordinario y urgente sin ni siquiera oír a la contraparte. Esta medida ha sido acordada por la titular del Juzgado de Lo Social número 17, Olga Iquino, en funciones de sustitución ordinaria interna de los juzgados de lo Social de Valencia por la situación especial derivada del estado de alarma “por apreciarse judicialmente razones de urgencia, además de motivos de salud pública evitando comparecencias en el juzgado que pueden dar lugar a situaciones de riesgo por contagio”. En este auto, la magistrada replica los argumentos dados por el Juzgado de lo Social 31 de Madrid en una petición idéntica formulada por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) y añade que “la misma situación fáctica y jurídica se da en la Comunidad Valenciana, y en concreto de la Provincia de Valencia, de la que tenemos conocimiento los ciudadanos –entre los que nos encontramos los miembros del Poder Judicial- a través de los medios de comunicación, dada la situación de confinamiento y restricción de libertad de movimientos derivada del estado de alarma”."Se trata, por lo tanto, de un hecho notorio y público, no necesitado de prueba, que los profesionales del ámbito de la salud pública están prestando servicios sanitarios con muchas dificultades para evitarla propagación de la enfermedad y el contagio en los propios profesionales de la sanidad debido a la falta de medios de protección, y dicha falta de medios es un riesgo no solo para la salud de tales profesionales sino la de los pacientes, los familiares y en general la ciudadanía", agrega.

Contradice al Supremo

Sin embargo, ante idéntica solicitud, presentada en esta ocasión por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y en la que se solicita dichas medidas cautelarísimas al Ministerio de Sanidd, contesta la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que “la Sala es consciente de la emergencia en que nos encontramos y también de la labor decisiva que para afrontarla están realizando especialmente los profesionales sanitarios. Tampoco desconoce que deben contar con todos los medios necesarios para que la debida atención a los pacientes que están prestando de forma abnegada no ponga en riesgo su propia salud, ni la de las personas con las que mantengan contacto. Y coincide en que se han de hacer cuantos esfuerzos sen pasibles para que cuenten con ellos. Sucede, sin embargo, que no consta ninguna actuación contraria a esa exigencia evidente y si son notorias las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se está desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla. En estas circunstancias, como hemos dicho, no hay fundamento que justifique la adopción de las medidas provisionalísimas indicadas”.

Por lo visto, las fuentes de las que beben los seis magistrados del Supremo, no son las mismas de las que lo hace la juez de lo Social del juzgado valenciano. Tal y como dieron cuenta ayer los medios de comunicación, un cargamento proveniente de China con más de un millón y medio de mascarillas, entre otro material médico y de protección, aterrizó ayer en Zaragoza y fue trasladado de inmediato a la Comunitat Valenciana donde fue distribuido. Y se espera que este fin de semana llegue otro cargamento con más suministro. La propia consellera Barceló lamentaba hoy los retrasos en la llegada de este material, un problema que, según ha dicho, afecta también a España y a la Unión Europea.

La jueza de Lo social recoge en su auto que “las cifras de contagios por coronavirus son elevadas entre los profesionales sanitarios (el 20 por ciento en la Comunidad Valenciana según información dada ayer en los medios de comunicación) y la Conselleria demandada asume el deber de garante de la salud e integridad física del personal sanitario, en su condición de titular de los medios para su protección. Por las razones expuestas, procede adoptar la medida interesada requiriendo a la Conselleria de Sanidad a fin de que dote con carácter urgente e inmediato de medios de protección a los centros sanitarios de la provincia de Valencia” y dice que la Conselleria deberá “acreditar, en su caso, que sí ha llevado a cabo las actuaciones pertinentes para dotar al personal sanitario de medios de protección eficaces frente a la pandemia”.