La pieza secreta de Erial concreta el modus operandi del cobro de las comisiones

El empresario detenido en Ibiza es Carlos Gutiérrez, presuntamente vinculado con el blanqueo de las mordidas

La última pieza de la causa Erial que hasta hoy se ha mantenido en secreto desvela la forma y objeto por las que se habrían cobrado las comisiones ilegales investigadas, principalmente en la adjudicación del plan eólico valenciano, y otras que quedan apuntadas en los últimos datos conocidos de la investigación.

Natland

Así, según el sumario al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el empresario detenido en Ibiza y del que se desconocía su identidad, es Carlos Gutiérrez Mondedeu, que fue detenido en la isla para proceder al registro de su casa, y más tarde fue trasladado también detenido a Madrid, para estar presente en el registro de otro domicilio vinculado con él.

A Carlos Gutiérrez se le acusa de blanqueo de capitales y organización criminal, y según el fiscal, “habría participado activamente en la ocultación y transformación de los bienes ilícitamente adquiridos, permitiendo el disfrute e inversión de los mismos por parte de Eduardo Zaplana y la estructura criminal creada”.

Siempre según la información aportada por la Guardia Civil y el informe del Ministerio Público, la sociedad Nuevo Sol Granadella, vinculada con Carlos Gutiérrez habría pagado 2,2 millones de euros a la sociedad holandesa Natland por concepto de supuesta actividad de consultoría, “que se ha revelado inexistente, siendo los ficticios pagos de asesoría y consultoría uno de los mecanismos más habituales utilizados en los delitos asociados con la corrupción para justificar formalmente el trasvase de dinero. Dicha sociedad, Natland está vinculada a Eduardo zaplana dado que fue la destinataria del dinero que tenía en Luxemburgo cuando decide cambiar de gestor financiero”. Señala el informe policial que “la operativa de salida de fondos por el presunto abono de relaciones comerciales fue objeto de incidente concursal, dado que la empresa se declaró en concurso de acreedores, lo que obligó a la intervención en la negociación con la masa de acreedores de Eduardo Zaplana, su secretaria Mitsouko y Carlos Gutiérrez”, según obra en el sumario.

Alquiler e Inversión Ibiza

También según el informe policial, Zaplana hace uso de los bienes obtenidos ilícitamente a través de las sociedad Alquiler e Inversión Ibiza, relacionada con Carlos Gutiérrez, y a través de dicha sociedad participa en unas ganacias por importe total de casi 211.000 euros por el alquiler de dos embarcaciones de recreo “al objeto de realizar Eduardo Zaplana cruceros con sus amigos”. Carlos Gutiérrez también estaría relacionado con las empresas Provimola y Nuevo Sol Grandella mediante las cuales se ocultó que Eduardo Zaplana habría adquirido una embarcación. Gutiérrez también estaría vinculado con el abono del alquiler de avionetas a Transportes Aéreos del Sur que en realidad habría utilizado Eduardo Zaplana, siempre según las conclusiones del informe policial y del fiscal.

Fernando Castelló

El sumario de esta última pieza secreta también señala como el que fuera conseller de Industria, Fernando Castelló, constituyó una empresa cuando salió de la Generalitat, junto a su mujer y su hija, entonces estudiante, para cobrar la comisión que presuntamente habría obtenido por sus gestiones para la adjudicación del Plan Eólico Valenciano. Dicha comisión ascendería a una cifra global de 150.000 euros.

En la pieza ahora desvelada también se da cuenta de los correos electrónicos enviados por el que fuera jefe de Gabinete de Eduardo Zaplana en la Presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García. En ellos se abordan varios asuntos que en opinión de la Guardia Civil “evidencia en términos generales la aparente subordinación de diferentes procedimientos de la Administración Pública a intereses ajenos a los generales, y que se justificarían aparentemente en los intereses personales de Eduardo Zaplana y de Juan Francisco García.

Transvía

En dichos correos, hasta el número de seis y siempre denominados Eduardo I, II, III, IV... se habla de una presunta colaboración hecha por la empresa Transvía. Según los investigadores, dicha empresa habría pagado hasta cincuenta millones de las antiguas pesetas a la empresa Demoscopia para la realización de encuestas de las que, presuntamente, se habría beneficiado Eduardo Zaplana y el Partido Popular. Por ello, según los investigadores, Transvía se incorporó al grupo Guadalaviar para resultar adjudicatario de unos de los concursos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. Para ello, Juan Francisco García pide a Eduardo Zaplana que le dé un empujón a Fernando Castelló, también detenido e imputado en esta pieza, a la sazón conseller de Industra, para que “remate la operación con las dos gestiones: firma de Transvia para su incorporación al grupo Guadalaviar, y firma de la opción de compra entre Transvía y Hidrocantábrico”.

Juan Francisco García también pide a Zaplana que hable con el entonces conseller de Hacienda, Vicente Rambla, para que Transvía resulte adjudicataria del concurso de mantenimiento de vehículos del parque móvil.

En otro de los correos también reclama a Zaplana que intervenga para que la UTE Construcciones Villegas-Tecmo-Fulton resulte adjudicatario del último concurso de Ciegsa, para la construcción de colegios.

También le solicita ayuda para colocar a su esposa Maite y para colocarse él mismo en algún consejo de administración “que me diera cobertura laboral, estatus social y remuneración económica”.

Por último, también pide que la diga a la consellera Alicia de Miguel que ayude a la empresa Canal Metro “que son amigos míos” para implantarse en la Comunitat Valenciana.

Además, el sumario da cuenta de todas las actuaciones realizadas por la Guardia Civil, como la citada detención de Carlos Gutiérrez, pero también la de Fernando Castelló, y los registros de las viviendas de ambos, así como de la de Pedro Romero, de Inmobiliaria Montgar , a la que los investigadores vinculan con el blanqueo de las comisiones; así como las mercantiles Royal Mediterranea o Elecnor a las que también se les imputa blanqueo. Además, se requirió documentación a Transvía, a la empresa Demoscopia, a la Fundación CAM, a Valcave, a la Generalitat, a la Sociedad Proyectos Tematicos, a Ciegsa o a Autopistas Aumar, entre otras.