La portavoz del PP en Valencia, María José Catalá, ha informado este lunes de que el Tribunal del Cuentas le ha comunicado, como parte denunciante, que se ha acordado iniciar las actuaciones para el nombramiento de un instructor ante la “apreciación de eventual responsabilidad contable por alcance” en el caso de la estafa de la EMT.

En un comunicado, el PP explica que esta iniciativa se dirige a investigar “si se ha producido una falta de diligencia en las personas que gestionan los fondos públicos de la entidad, y si la misma ha derivado o no en una malversación de caudales públicos susceptible de generar responsabilidad contable”.

“El Tribunal de Cuentas rechaza así las alegaciones que había presentado el concejal responsable de esta empresa pública, Giuseppe Grezzi, pidiendo el archivo de las actuaciones”, ha señalado Catalá, quien ha anunciado que el PP va a ampliar la denuncia incorporando las auditorias independientes realizadas en 2019, año de la estafa, “donde se confirman incumplimientos de la Ley de Contratos, debilidades en la gestión contable y en ciberseguridad”.

“A los valencianos nos robaron 4 millones de euros y a día de hoy el Gobierno de Ribó no ha asumido ninguna responsabilidad. Esto debe terminar y nosotros vamos a ir hasta el final para que se conozca la verdad, saber que falló y que se asuman responsabilidades”, ha destacado Catalá.

A juicio del PP, “auditores independientes ponen de manifiesto debilidades, deficientes e incumplimientos de legalidad en materia de contratación en la Auditoria de Cumplimiento de la EMT del año 2019.Entre ellas, se advierte que se ha puesto de manifiesto que mismos proveedores y con objetos muy similares o relacionados entre sí, cuyo importe supera los límites de la contratación menor. De hecho, los auditores piden que se establezca un procedimiento específico de control interno para la acumulación de contratos menores con un solo proveedor, reduciendo así el riesgo de fraccionamiento indebido”.

También se advierte, según las mismas fuentes, que no se comunican las adjudicaciones al Registro de Contratos del Sector Público, no se da publicidad a los modelos de pliego, no se motiva la necesidad de contrato, entre otros aspectos.

Asimismo, en el informe de auditoria de la empresa municipal se constata que el año pasado, año en que se produjo la estafa, “hay múltiples debilidades en cuestiones relacionadas con la ciberseguridad”, insiste el PP.

“En un informe de 18 folios, le sacan los colores 19 veces. Los auditores hacen 19 recomendaciones y señalan debilidades y deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de los fondos e información de la empresa”, ha apuntado Catalá.

Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha pedido que el alcalde, Joan Ribó, cese al gerente de la EMT después de recibir comunicación del Tribunal de Cuentas confirmando la continuidad de las diligencias y actuaciones previas por el fraude de 4 millones de euros en la empresa pública.

“Dentro de poco se cumplirá un año del fraude de 4 millones de euros de dinero público sin que Ribó haya depurado responsabilidades por lo sucedido y con la comisión de investigación ralentizada” ha alertado Giner. “Mientras Ribó y sus socios del PSPV han dejado parada la comisión de investigación, el Tribunal de Cuentas ha continuado las diligencias preliminares y ahora pasan las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal para que se nombre Instructor”, ha explicado el portavoz Fernando Giner.

Sobre la situación en la que se encuentra la denuncia de Ciudadanos, el portavoz naranja, Fernando Giner, ha afirmado que “la EMT ha intentado que no se investigue y se archiven las diligencias, algo que no han conseguido”. Ahora, el instructor va a investigar si ha habido responsabilidad contable, falta de diligencia de los gestores de la EMT y si esta puede haber derivado en malversación”, ha añadido.