Detenido en Peñíscola un militar uruguayo acusado de delitos de genocidio y lesa humanidad

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con INTERPOL, han detenido en Peñíscola (Castellón) a un fugitivo uruguayo, coronel del Ejército durante el periodo de las dictaduras militares. El arresto se ha realizado en virtud de una orden de detención para extradición vigente, emitida por la Audiencia Nacional en 2018. Se trata de Eduardo Augusto Ferro quien, según la prensa uruguaya, estaba requisitoriado desde hace cuatro años por la desaparición del militante comunista Oscar Tassino, detenido en 1977 durante la última dictadura cívico-militar.

Era buscado, por las autoridades uruguayas, por su presunta participación en numerosos hechos ocurridos entre la década de los setenta y principios de los años ochenta, catalogados como delitos de Genocidio y Lesa humanidad.

La operación se ha realizado de forma conjunta por la Comisaría General de Información, la Brigada Provincial de Información de Castellón e Interpol España.

Durante el día de ayer, los agentes tuvieron conocimiento, gracias a la información aportada por Interpol-Uruguay, de la presencia en nuestro país de este prófugo de la justicia buscado a nivel internacional. A partir de ese momento, se llevaron a cabo una serie de gestiones que culminaron con la localización del militar y posterior detención.

El arresto se produjo dando cumplimiento a la orden de Detención e Ingreso en Prisión emitida por la Audiencia Nacional en virtud de la solicitud de cooperación internacional de las autoridades uruguayas para la localización del mismo, con objeto de ejecutar el procedimiento judicial de extradición y poder ser enjuiciado en su país.

El detenido fue, presuntamente, uno de los responsables, en Uruguay, del “Plan Cóndor”; un intento sistemático de acabar con la disidencia política en América Latina durante el periodo de dictaduras militares que se sucedieron en la década de los setenta y principios de los ochenta.

Las autoridades judiciales uruguayas le acusan de haber detenido ilegalmente, torturado y haber hecho desaparecer a jóvenes militantes de organizaciones opositoras al Gobierno Militar de Uruguay, vigente entre los años 1973 y 1985. La actividad de estas personas era esencialmente el reparto de propaganda y la organización de manifestaciones y de reuniones políticas.