Economía
Rebelión en la hostelería de Castellón: los bares abrirán el día 16 para protestar por las restricciones
Conhostur, la «patronal» del sector, pide a sus asociados que no secunden actos que infrinjan la ley
Abrir los bares como señal de protesta. La Asociación Hostelera de Castellón (Ashocas) hastiada por lo que ellos consideran unas medidas sin sentido, anunció ayer una protesta que consistirá en la apertura de sus establecimientos. La fecha de la convoctaria es el próximo 16 de febrero, día en el que ya se habría cumplido el primer plazo del último paquete de restricciones aprobado por la Generalitat valenciana. Sin embargo, todo apunta a que estas medidas se prolongarán al menos hasta el 1 de marzo.
Desde la patronal del sector en la Comunitat Valenciana, Conhostur, se desmarcaron de esta iniciativa y explicaron se suman al comunicado emitido por su homóloga en Castellón Ashotur. «Recomendamos a todos los empresarios cumplir con las normas establecidas, por más que éstas puedan parecernos injustas».
Sin embargo, desde Ashocar aseguran que esta apertura se realizará en el horario habitual y que se cumplirán todas las medidas de seguridad «como hemos hecho hasta ahora».
El presidente Álvaro Amores insiste en que ellos «no son responsables de la incompetencia del Gobierno valenciano. «No tiene ni un sólo argumento para seguir acusándonos ni para mantenernos ni un sólo día más en esta situación. Si tenemos que esperar a que el índice de contagio esté por debajo de 100 en verano aún no habremos abierto».
Remarca que la prueba de que la hostelería no agrava la situación epidemiológica es que hay otras comunidades donde está abierta con un índice de contagios muchísimo menor.
Demanda contra el Consell
Ashocas ha informado a su asociados de la posibilidad de interponer una demanda colectiva por responsabilidad patrimonial contra la Generalitat valenciana y el Gobierno de España.
Apuntan a que más de 300 socios han mostrado ya interés por emprender acciones legales para pedir compensaciones por el tiempo en el que estas empresas no han podido ejercer su actividad y además no han recibido compensaciones.
La cantidad «confiscada» por las Administraciones sería la resultante de la media de ganancias obtenidas los tres últimos años. La demanda, en la que ya trabaja el despacho Cremades & Calvo Sotelo de Madrid, debe presentarse a título individual.
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