Parlamento

Compromís pide reformar el acceso a la carrera judicial para evitar exclusión

Insta al Consell a poner en marcha un programa de becas-salario

Entrega de despachos a la nueva promoción de jueces celebrada en la Escuela Judicial de Barcelona en 2020
Entrega de despachos a la nueva promoción de jueces celebrada en la Escuela Judicial de Barcelona en 2020Andreu DalmauAgencia EFE

El grupo parlamentario Compromís ha registrado en Les Corts una propuesta para instar al Gobierno central a reformar el sistema de acceso a la carrera judicial “para garantizar que este no produce la exclusión por razón de ingresos u origen socioeconómico”.

La propuesta también insta al Consell a estudiar la puesta en marcha de un programa de becas-salario ligado a la renta y al expediente académico, para apoyar a la preparación de oposiciones a juez, fiscal y letrado de la Administración de Justicia.

Además, pide impulsar la creación de programas formativos públicos para la preparación de oposiciones a juez, fiscal y letrado de la Administración de Justicia.

El síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha explicado que “hacen falta medidas como las puestas en marcha en otros territorios del Estado”, que pasan por el establecimiento de ayudas a la preparación de oposiciones, como en Euskadi, o la creación de programas públicos de formación, como en Santiago, Granada o Cataluña.

Fuera del ámbito de las competencias autonómicas, según Ferri, hace falta que el Estado estudie “un cambio profundo en el sistema de acceso a la carrera judicial para garantizar en la práctica lo que establece la Constitución sobre los principios de mérito y capacidad”.

“Con medidas de este tipo, el conjunto de la ciudadanía se beneficiaría de contar con personal que haya sido elegido únicamente por sus méritos y capacidades, después de eliminar, o al menos mitigar, la barrera económica que actualmente impide el acceso a miles de valencianos y valencianas a la carrera judicial”, ha afirmado.

Para Ferri, “es de justicia que sean los méritos y la capacidad y no la renta lo que determine quién se convierte en juez, fiscal o letrado”, pues “la mayoría de juristas valencianos no pueden permitirse los gastos de preparación de las oposiciones o lo que supone estar entre cuatro y cinco años sin trabajar”.

Por eso, ha dicho, “es necesario impulsar políticas públicas que garanticen la igualdad en el acceso a la carrera judicial, porque los opositores y opositoras merecen igualdad, y porque los valencianos y valencianas merecemos el mejor personal posible en la Justicia”.

“A largo plazo, esta situación donde prevalece la renta no solo supone una vulneración práctica de los principios de mérito y capacidad, sino también un evidente sesgo en la composición de la carrera judicial, estableciendo una discriminación flagrante por razones socioeconómicas”, ha afirmado.