El PP pide a Irene Montero que dé la cara por los casos de abusos sexuales en Valencia

“La Generalitat valenciana tendrá que pagar 6.000 euros por dar en acogida a un niño a un pederasta reincidente”, “A juicio por violar a una niña de 13 años que se fugó de un centro de menores de Buñol”, “Detenida en Alicante una mujer acusada por facilitar drogas a unas niñas acogidas en centros de menores a las que instaba a prostituirse”, “Juzga por violar a una niña menor tutelada en una casa ocupada de Valencia”, “Tres detenidos en un centro de menores de Valencia por presuntos abusos a dos menores fuera de las instalaciones”, “A juicio por el intento de violación a su sobrina menor de edad tutelada por la Generalitat”, “Condenado un menor por agresión sexual a una educadora de un centro”, “Los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra a una niña de 13 años en el internado donde trabajó”.

Con estos titulares de prensa como prueba, el Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) ha remitido al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo que amplíe la solicitud de investigación realizada sobre los casos de abusos a menores en Baleares a la Comunitat Valenciana.

Añade además que aunque la competencias de menores tuteladas de la Generalitat valenciana es, en primera instancia, autonómica, tras la inacción ante los hechos narrados y ante la desprotección de los menores tutelados en la Comunitat, “nos llama la atención la dejadez del Gobierno de España en la defensa de los derechos de los más vulnerables”. Por esta razón, reclama al vicepresidente segundo del Gobierno de España y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias y a la Ministra de Igualdad, Irene Montero que den explicaciones por su laxitud en el caso de abusos sexuales a menores acogidas en centros tutelados por la Generalitat, en tanto que sus competencias son de ámbito nacional.

En el escrito, alega “haber recibido numerosas informaciones de extraordinaria gravedad que afectan a una pluralidad de personas menores de edad bajo tutela de la Generalitat Valenciana, que en los últimos años han sido objeto de abusos sexuales en las instalaciones públicas de acogida en distintos lugares del territorio de la Comunitat Valenciana”.

El caso del ex marido de Oltra

Bastidas hace referencia expresa en este escrito al caso por el que el exmarido de la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, Eduardo Ramírez, ha sido condenado a cinco años de prisión. La diputada hace referencia a la sentencia conocida esta semana en la que “el Tribunal reprocha la actuación de los servicios dependientes de la Conselleria de Igualdad” por “la hostilidad y falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla”. Resalta también que se “ocultaran los apellidos del acusado en la información reservada, o cómo se permite a éste confeccionar un protocolo ad hoc y con una finalidad claramente defensiva que incluso remite a la directora del centro para que le sugiera cómo mejorarlo”.

Otro de los aspectos claves de la sentencia es por qué no acudió a la Fiscalía de Menores cuando el asunto ya estaba siendo investigado por un juzgado de Instrucción.

La popular defiende que estos hechos son de tal gravedad que trascienden al ámbito regional o estatal y suponen una clara vulneración de los derechos fundamentales de esas personas menores de edad que se encuentran tuteladas por los poderes públicos. “Se trata de un asunto que reviste de trascendencia suficiente para su conocimiento por la Comisión de Peticiones en aras a recabar datos y testimonios suficientes para adoptar unas conclusiones que sirvan para compeler a las autoridades nacionales a proteger a los menores víctimas de abuso”.

La popular defendió, durante el anuncio de presentación de este escrito que, está claro que “algo en el sistema no funciona. La lista de casos conocidos es interminable.”