El Tribunal Supremo insta al Consell a justificar con informes económicos sus reversiones

El Tribunal Supremoha anulado el fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano que, en 2019, desestimó el recurso presentado por Ribera Salud contra la decisión de la Generalitat de recuperar la gestión pública directa del Hospital de Alzira y la atención sanitaria integral en ese departamento de salud.

El fallo del Alto Tribunal, notificada este jueves a las partes y hecho público por el Grupo Ribera, anula la sentencia del 15 de octubre de 2019 del TSJCV que rechazaba los doce motivos esgrimidos por los recurrentes en su demanda tras la negativa de la Conselleria de Sanidad a prorrogar el contrato con la empresa concesionaria del servicio, que quedó extinguido el 31 de marzo de 2018.

Esa sentencia confirmaba la resolución del 27 de mayo de 2017 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad que desestimaba el recurso de reposición presentado por la empresa contra la reversión de la gestión sanitaria en el departamento de La Ribera.

Ahora, el Supremo estima el recurso de casación que presentó el Grupo Ribera contra ese fallo del TSJCV, que queda anulado, pero desestima el recurso contra la citada resolución de 2017. En un comunicado, el grupo empresarial valora que la sentencia del Supremo “establece un antes y un después en los procesos de reversión de las administraciones públicas en España. A partir de ahora, se ha definido la doctrina que obligará a todas las administraciones públicas a justificar las repercusiones y efectos financieros y presupuestarios derivados de la decisión de revertir una concesión”.

Según Ribera, “esta sentencia, sin precedentes, supone una gran garantía de la estabilidad presupuestaria y control del gasto público, ya que impide decisiones administrativas basadas en criterios arbitrarios e ideológicos cuyos efectos económicos negativos deban pagar los ciudadanos”.

Añade que supone también “una garantía del principio de transparencia en la medida en que los ciudadanos conocerán previamente a su adopción, las consecuencias económicas que van a tener las decisiones de sus gobernantes”.

Esta nueva doctrina que marca el Alto Tribunal “afecta de pleno al proceso de reversión de Torrevieja porque pone de manifiesto que el modelo de reversión iniciado por la Generalitat se ha hecho de forma improvisada y sin consenso, y ahora además, según el Tribunal Supremo, de manera ilegal, ya que en este caso tampoco se han justificado las repercusiones y efectos financieros y presupuestarios de la decisión”.

Ribera valora “este punto de inflexión que supone la necesidad de justificar las reversiones por encima de las decisiones políticas y arbitrarias” y asegura que mantiene su “voluntad de diálogo y consenso con la Generalitat para priorizar la salud de los ciudadanos y la atención” a sus pacientes frente a lo que denomina “dogmatismo ideológico”.

En el caso del hospital de Alzira, a pesar de que el Supremo no ha anulado la “no prórroga” del contrato de concesión, porque “no se puede descartar que no se hubiera hecho una valoración de dichas repercusiones”, dos de los magistrados del Tribunal Supremo han manifestado un voto particular en contra de esta decisión, señalan desde el grupo empresarial.

Consultada por la Agencia Efe, la Conselleria de Sanidad no ha ofrecido aún su análisis de la sentencia. El pasado 28 de mayo, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV resolvió denegar la petición de Ribera Salud de paralizar el proceso para entregar a la gestión pública el área sanitaria de Torrevieja, que afecta a 140.000 personas.

La concesionaria había solicitado la suspensión tanto del anuncio que hizo la Generalitat de no prorrogar la concesión como de las normas de reversión, así como el plazo del 31 de marzo para algunas de las obligaciones que se imponen a Ribera Salud en dicha normativa, y el auto desestimó estas aspiraciones.

El contrato de la Generalitat y Ribera Salud para la gestión sanitaria privada en Torrevieja vence el 15 de octubre de 2021, cuando el hospital de esta ciudad volverá al sistema público.