El Ingreso Mínimo Vital y la Renta de Inclusión Valenciana tendrán ventanilla única

La Generalitat y el Gobierno de España firmarán en los próximos meses un convenio para implantar una ventanilla única para la gestión de las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión para las personas más vulnerables.

Así lo han anunciado el president de la Generalitat Ximo Puig y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, tras reunirse en el Palau de la Generalitat, en un encuentro en el que también han participado la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra, y los consellers de Hacienda, Vicent Soler, y de Economía, Rafa Climent.

Puig ha subrayado que la ventanilla única permitirá avanzar más en la coordinación de unas prestaciones que actúan como “escudo social” ante los sectores más desprotegidos. Y también ha agradecido la voluntad del ministro Escrivá de cooperar con la Generalitat y de trabajar de forma organizada fuera de la agenda común de la pandemia y la reactivación económica y social, para optimizar un mecanismo como el Ingreso Mínimo.

De esta manera, en pocas semanas habrá más de 100.000 valencianos receptores del Ingreso Mínimo Vital, además de las 70.000 personas que están recibiendo la Renta Valenciana de Inclusión.

Escrivá ha manifestado que el IMV refuerza la política desplegada por la Generalitat de la Renta de Inclusión, y con la ventanilla única los dos instrumentos encajarán para que las familias puedan dirigirse a un único lugar para recibir estas prestaciones, gestionado por la administración autonómica.

”Podemos ser pioneros en esta nueva forma de trabajar desde las administraciones con los ciudadanos más vulnerables ofreciendo un escudo de protección social extenso y focalizado”, ha afirmado el ministro, quien ha considerado que la puesta en marcha de la ventanilla única puede ser “muy rápida”.

Escrivá también se ha referido a las posibilidades del Next Generation EU sobre la experiencia de la Comunitat Valenciana en el diseño de itinerarios de inclusión social para las personas más vulnerables, que podría extenderse a otras Comunidades Autónomas.

Sobre la implantación del agrupamiento de estos sectores en otras comunidades, el ministro ha recordado que en el Real Decreto de la ley de Ingreso Mínimo Vital ya se incorporó una disposición adicional por la que se abre la posibilidad de colaboración de las comunidades, pero ha explicado que en el arranque inicial tenía que ser la Seguridad Social la administración que debía hacerlo, por su capacidad de tramitación y gestión de una prestación “compleja”.

De hecho, ha destacado, la Seguridad Social ha tramitado 1,4 millones de solicitudes del Ingreso Mínimo en un año, y en la comunidades que llevaban años gestionando prestaciones autonómicas llegaron a los 200.000 beneficiarios.

Ahora se ha alcanzado una “gestión ordinaria”, pero no todas las comunidades están dispuestas a hacerlo, como la Comunidad de Madrid; la que ha mostrado “poco interés” en desarrollar políticas complementarias al IMV y además parece que también “quería ahorrarse” las ayudas de comedor para familias vulnerables con el “argumento espurio” de que no tenía la información adecuada.

La Comunidad de Madrid se ha “ahorrado” ya 75 millones con la introducción del IMV y probablemente llegará a los 150 millones, según Escrivá, quien ha añadido que el problema “no debe ser de recursos de la Comunidad de Madrid”, pues “igual es otro”, ha declarado.

El caso del País Vasco y Navarra es distinto en el IMV por su singularidad foral y se está trabajando con estas comunidades “en una vía paralela” pero con algunas diferencias. En el caso de Cataluña, las conversaciones están menos avanzadas que con la Comunitat Valenciana, pero el Ministerio está abierto a hablar con todas las comunidades que estén interesadas, ha concluido.