La Generalitat crea un censo que premia a entidades “catalanistas” y excluye a “valencianistas”

La Conselleria de Educación ha publicado una orden para crear un censo en el que figurarán las “entidades de fomento del valenciano”. En este resgistro se recogerán las organizaciones que puedan recibir ayudas públicas por su labor en favor de la lengua y cuyas aportaciones desgravarán en el IRPF. El PP ha presentado hoy alegaciones a este documento y denuncian que se quedarán fuera entidades que históricamente han destacado por promover la cultura valenciana como Lo Rat Penat o la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV).

El motivo, según ha explicado la síndica popular en Les Corts, María José Catalá, es que para formar parte de esta lista deben respetarse las normas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). “Sin embargo, no impide que se subvencione a entidades que no respetan la Constitución Española y que defienden conceptos como el de Països Catalans”.

En las alegaciones, que Catalá ha presentado junto a la vicesecretaria de Territorio y Cultura del PPCV y concejala del Ayuntamiento de Valencia, María José Ferrer San Segundo, argumentan que la orden afecta a derechos constitucionales y, por tanto, el censo debería quedar regulado mediante una norma de rango superior para que pueda ser debatida en Les Corts, aprobada por el pleno del Consell y contar con un informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC).

Alegan además que se trata de una orden fabricada “ad hoc” para tener un marcolegal que permita denegar ayudas a entidades que, “aunque pueden plantear discrepancias en el ámbito filológico, no se les puede negar su labor y dedicación durante más de un siglo en mantener y difundir la lengua y la cultura valenciana”.

En la práctica, ha denunciado Catalá, esta orden seguirá favoreciendo la concesión de subvenciones a “entidades catalanistas que ya han recibido en los últimos años siete millones de euros, mientras que asfixia en busca de su desaparición a aquellas organizaciones que defienden el valenciano, la Comunitat Valenciana y la Senyera”. Como ejemplo reciente, ha asegurado que la semana pasada aquellas entidades que no siguen la gramática de la AVL quedaron excluidas del reparto de 1,3 millones de euros para actividades culturales y artísticas.

Por su parte, Ferrer San Segundo, ha insistido en que la AVL firmó el pasado año un Acuerdo de Cooperación con la Sección Filológica del Instituto de Estudios Catalanes y la Universidad Baleares por una normativa inclusiva y unitaria sin que se produjese la unanimidad entre sus miembros. “De hecho, el asunto está en los tribunales”.

Este es el camino que seguirá el PP si la Conselleria de Educación no modifica la orden. “El conseller Vicent Marzà ha recibido ya más de 40 varapalos judiciales”. La última referente a la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL). “Estamos avisando ahora, antes de que infrinjan la ley y esperamos que los reconsideren”.

El PSPV y Compromís apoyan a Marzá

El síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha acusado al PP de estar “en un túnel del tiempo” por pedir la retirada del censo de entidades de fomento del valenciano, mientras que el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha instado a los populares a ser “consecuentes” con lo que aprueban.

Según informa Efe, el síndic socialista ha considerado que el PP “va a los tribunales por cualquier cosa” y “vive instalado en unos fantasmas” que la sociedad valenciana ya ha resuelto, mientras que ha opinado que si la Conselleria de Educación cree que debe ordenar un censo de entidades que difunden el valenciano le parece “razonable”.

Mata ha lamentado que el PP “está volviendo a los años 80″, y ha considerado que la historia de este país está relacionada con los avances hechos para tener una Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y que “nadie discute qué hablamos y cómo”.

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha explicado que esta iniciativa tiene que ver con la regulación de nuestro modelo lingüístico y ha recordado que el PP aprobó un Estatuto de Autonomía que establece que la entidad reguladora en materia lingüística es la AVL. “En ese sentido, cualquier entidad que se salte las normas de la AVL y lo que dice el Estatuto de Autonomía entiendo que no debe recibir subvenciones públicas para fomento del valenciano”.