Las protestas de los sanitarios y los reveses judiciales desgastan la gestión de Puig durante la pandemia

Once semanas hacía que el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, no rendía cuentas al Parlamento. En este tiempo, ha subido y bajado la sexta ola, se han presentado las alegaciones a la propuesta de financiación y se ha abierto un debate encarnizado por el reparto de los fondos europeos.

De todo esto se habló ayer en Les Corts, pero sin duda los varapalos judiciales que ha recibido la Generalitat durante las últimas semanas con respecto a su gestión de la pandemia, así como las protestas que protagonizaban en la calle el colectivo de enfermeros y de fisioterapia, mientras se celebraba la sesión de control marcaron la jornada parlamentaria.

La síndica del grupo popular en Les Corts, María José Catalá, exigió a Puig que, por decencia y dignidad, apoye a los sanitarios y acate las sentencias que les obliga a indemnizarlos por no haberlos provisto de medios con los que protegerse del virus.

La vicepresidenta Mónica Oltra, salió en defensa del Consell alegando que la Comunidad de Madrid fue la primera en ser condenada. Aunque obvió una diferencia. La valenciana es la única que no tenía seguro de responsabilidad civil.

Además, afeó a Puig que esté reclamando la paga extra covid prometida a los sanitarios. «Es tan cutre que le pida 90 euros a los sanitarios mientras se gasta 450 millones de euros en sus chiringuitos».

Puig se defendió diciendo que la pandemia fue una situación sobrevenida y que pidió perdón a todo el personal sanitario. Además, dijo que solo se está reclamando alguna paga -por permisos que tuvieron que coger obligatoriamente- y que recurren las sentencias porque así lo permite la Justicia.

Para tratar de contrarrestar esta cuestión, Puig recopiló una serie de adjudicaciones anunciadas en los últimos días. En total, 139 millones de euros para mejoras en hospitales y centros de salud de la Comunitat Valenciana.

Catalá dijo que se trata de anuncios «reciclados» y reclamó al presidente que dé un «golpe de timón» para solucionar el colapso de la Sanidad.

Por su parte, Vox acusó al Consell de ser el gobierno de la «infamia y del fraude» y de actuar como «una banda organizada para triturar derechos y libertades individuales», por lo que pidió que convoque ya elecciones. Se refería al hecho de que el Tribunal Supremo estimase el recurso interpuesto por un abogado valenciano contra el decreto de 24 de enero del pasado año en el que el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, acordó restricciones a la movilidad para combatir la pandemia,

«Tranquila, no va a haber elecciones próximamente», respondió Puig remarcando que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha aprobado 41 resoluciones judiciales sobre las medidas de protección de los valencianos frente al coronavirus.

El tercer partido de la oposición, Ciudadanos, se salió de la actualidad sanitaria para centrarse en la reforma del modelo de financiación autonómica. La portavoz Ruth Merino exigió a Puig que reclame en Madrid el fondo de nivelación transitorio mientras llega la reforma del modelo. El presidente le contestó que desde la Comunitat se pide el tratamiento de la deuda y la transitoriedad.

Desde Unides Podem, Pilar Lima, le pidió planificar la producción y la distribución energética para que las nuevas plantas fotovoltaicas y Papi Robles, de Compromís, se estrenó al frente la portavocía exponiendo los retos que el Botànic tiene pendientes.

Los «papeles» de Oltra

El enfrentamiento entre la síndica del PP, María José Catalá, y la vicepresidenta Oltra, continuó ayer a cuenta de la documentación que la segunda dijo que le enviaría tras la comparecencia en la que explicó el informe del Síndic de Greuges sobre menores.

Catalá le dijo que llevaba esperando 20 días la documentación y Oltra le respondió que ya había enviado a Les Corts la respuesta. La popular dijo que no la había recibido y avanzó que acudirá a la Conselleria a revisarla. «Tendrá que dedicarle todo el día», le advirtió la vicepresidenta.