El Consell aprueba el texto final de medidas urgentes tras reajustes técnicos

El Consell ha aprobado el texto definitivo del decreto ley de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada por la guerra en Ucrania tras realizar unos “reajustes técnicos” para adaptarlo a la normativa aprobada por el Gobierno central y a los informes de la Abogacía.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha asegurado que se han efectuado “unos reajustes técnicos, informes ‘post’ de la Abogacía de la Generalitat necesarios para su tramitación”, al tiempo que ha comentado que la acelerada tramitación del proyecto de decreto ley llevó a su aprobación en el pleno del Consell del pasado 1 de abril pero no había entrado en vigor.

En ese texto no se pudo valorar con el detenimiento requerido algunos de los aspectos aludidos por la Abogacía, e incorporaba algunas modificaciones de última hora sobre las que la Abogacía no había tenido la oportunidad de pronunciarse, según ha explicado Oltra.

El texto definitivo aprobado este viernes, que sustituye al del 1 de abril, incluye diversas iniciativas de carácter administrativo, económico y social, entre ellas medidas para relanzar la creación de nuevas instalaciones de energías renovables, en especial las plantas eólicas y fotovoltaicas, además de iniciativas sociales para ayudar a las familias y personas más vulnerables.

Oltra ha señalado que este decreto es diferente al decreto de tasas por el que las matrículas universitarias se rebajarán en un 10 por ciento el próximo curso, una medida que este jueves avanzó el presidente, Ximo Puig, que afectará a grados, másteres y doctorados y se basa en reducir los precios para hacer frente al aumento de la inflación.

Decreto de medidas urgentes

En medidas sociales, se modifica la Ley de Renta Valenciana de Inclusión de manera que se establece un incremento de hasta el 30 % de la prestación económica reconocida para sufragar los gastos de alquiler o hipoteca de la vivienda habitual del destinatario, así como para garantizar el acceso a los suministros energéticos básicos, siempre que no reciba ninguna cuantía por el mismo concepto procedente de cualquier administración.

Para destinatarios de la renta de inclusión que no tengan ningún gasto relacionado con la vivienda, el incremento será de un 15 % para garantizar los derechos energéticos, y un importe mínimo de 50 euros en aquellas unidades de convivencia que tuvieran ingresos y no superen el importe máximo establecido para cada modalidad.

El decreto simplifica los procedimientos administrativos y elimina trabas burocráticas para impulsar la instalación de plantas de energía renovables, y se prevé que se pueda llegar a reducir el tiempo de tramitación en un año.

Se establece una ocupación para implantar instalaciones de energía renovable del 3 % de la superficie del suelo no urbanizable común de cada municipio, estableciendo criterios de ponderación con el objetivo de incentivar que dichas instalaciones se ubiquen en suelos de menor valor agrológico.

También se facilita la puesta en marcha de instalaciones de energía renovable que ocupen menos de 10 hectáreas incrementando la participación de los ayuntamientos, encargados de realizar los informes pertinentes, y se favorece la implantación de centrales fotovoltaicas de iniciativa pública.

Por otro lado, se refuerza la agilización normativa para las plantas de energías renovables de menos de 10 MW, que ahora tendrán una tramitación de urgencia y se incorporan también cambios normativos de agilización para plantas con menor capacidad.

El decreto recoge agilizar los trámites en las explotaciones de arcillas industriales por el procedimiento de urgencia, siempre que el destino sea la industria del azulejo de la Comunitat Valenciana y durante un periodo máximo de dos años.

Incluye modificaciones normativas que afectan al plan Edificant de construcción y adecuación de infraestructuras educativas y que están relacionadas con el incremento de precios de materiales de obras; así como que las subvenciones relativas al impulso de los ODS de la Agenda 2030 podrán librarse inmediatamente, una vez concedidas, hasta el 100 %, con carácter previo a la justificación con la finalidad de agilizar el pago.