El PP quiere llevar al Tribunal Constitucional el “decreto anticrisis” de Ximo Puig por colar asuntos que no tienen que ver con la economía

El PPCV estudia llevar al Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley de medidas en materia de simplificación, racionalización y agilización administrativa aprobado, por segunda vez, el pasado viernes, 22 de abril, con medidas que tienen como objetivo frenar la crisis generada por la guerra en Ucrania.

La primera versión de este texto, recibió el visto bueno del Consell el pasado 1 de abril. Tenía una extensión de 62 páginas e incluía una elevada cantidad de modificaciones legislativas, tantas que la Abogacía de la Generalitat lo tumbó. En realidad, el Consell ha aprobado una especie de Ley de Acompañamiento, pero utilizando la vía de urgencia y saltándose, por tanto, la vía del debate parlamentario. El publicado el pasado viernes es más corto, tiene 32 páginas.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, Mónica Oltra, admitió el pasado viernes que había sido necesario efectuar “unos reajustes técnicos” tras los informes de la Abogacía de la Generalitat, motivo por el que el primer texto, a pesar de que se aprobó en el Consell, nunca se llegó a publicar en el DOGV. Desde Presidencia justificaron entonces que chocaba con alguna de las medidas aprobadas por el Gobierno central y que había que adaptarlo.

“Es un decreto ley aprobado que acumula despropósitos legales y no respeta la ley”, ha argumentado hoy el presidente del PPCV, Carlos Mazón, quien ha asegurado que disponen ya de la suficiente base legal para impugnar ante el Tribunal Constitucional este nuevo decreto en toda aquella parte que no tiene que ver con las medidas de urgencia tomadas ante la crisis.

El popular ha criticado que se haya aprovechado este texto para modificar asuntos que no tienen nada que ver con la situación económica. Afecta a una veintena de leyes de las que Mazón ha destacado, la reforma de la Ley de Memoria Histórica, la declaración de interés público de los hospitales de campaña, la modificación de la Ley de Publicidad Institucional o la creación de una Agencia Alimentaria. «Pedimos el nuevo informe de la Abogacía para saber si sus razones legales coinciden con la sensación de dislate de las que nos informan nuestros servicios jurídicos. Hay un tufo de autoblanqueamiento y legalizar con posterioridad asuntos irregulares».

Mazón ha apuntado también a que incluso el nombre del decreto ley no se ajusta a la realidad. Ha explicado que la inflación ya estaba en el siete por ciento antes de que estallara la guerra de Ucrania , “hacen como en las repúblicas bananeras”.

Por lo que respecta a las medidas sociales, aunque el PP no impugnará aquellas que tienen que ver con las ayudas para reducir los efectos de la crisis, ha criticado que no sean efectivas. Como ejemplo, ha dicho que mientras el Salario Mínimo Interprofesional se ha subido dos veces, la Renta Valenciana de Inclusión se calcula basándose en el de 2019, o que la anunciada bajada de las tasas universitarias supondrá un ahorro de 1,5 euros por asignatura, una cantidad que además, “tendrá que asumir las universidades”.

La conclusión del PP, que la próxima semana presentará su decálogo de propuestas al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es que las clases medias siguen pagando esta crisis sin que la Generalitat valenciana ponga solución. “Es una burla que anuncie que baje un diez por ciento todas las tasas después de que las haya subido un 46 por ciento en el último año”.

“Es un buen decreto”

El PSPV, Compromís y Unides Podem han defendido el decreto ley . Aseguran que es “bueno”, y no entienden las críticas del PP. Según informa Efe, el síndic del PSPV, Manolo Mata, ha asegurado que cada vez que hay una crisis, “hay repuestas rápidas y eficaces como esta” por parte del Gobierno valenciano, y ha acusado al PP de querer “reventar la Comunitat y provocar un adelanto electoral”. “Si Carlos Mazón, no quiere que se dé a los autónomos 300 euros para afrontar la crisis energética o no quiere que haya créditos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), “que lo diga”.

La síndica de Compromís, Papi Robles, ha defendido que se trata de “un buen decreto” que establece “algunas de las medidas que se requieren para una situación de emergencia como esta”, que “se ha negociado profundamente”, y ha pedido al PP que “deje de usar los tribunales para hacer política”.

La portavoz adjunta de Unides Podem Estefanía Blanes ha señalado que se trata de un decreto que contempla muchísimas medidas positivas, y no sabe cuál es la crítica de los populares y qué temas no consideran positivos para la mejora y reconstrucción de la Comunitat.

Desde la oposición, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha calificado de “despropósito” la forma en que se han hecho las cosas, pues demuestra “las desavenencias” del Consell y su forma de gobernar y legislar, llegando tarde y haciéndolo peor en los momentos más difíciles y cuando la gente necesita más ayuda.

Para la síndica de Vox, Ana Vega, el decreto “es una ley de medidas encubierta que modifica varias leyes con la excusa de la guerra en Ucrania y crea nuevos chiringuitos”, y cree que “el único decreto que tiene que dictar el Gobierno valenciano es el de la convocatoria anticipada de elecciones”.