Los grupos de la oposición rechazan la reversión de las ITV

Los grupos de la oposición en Les Corts han mostrado su rechazo al decreto ley de creación de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), una mercantil integrada únicamente por capital público de la Generalitat para recuperar la gestión pública directa de un servicio que privatizó el Consell de Eduardo Zaplana en 1997.

El pleno de Les Corts ha debatido este miércoles el decreto ley, cuya convalidación se votará mañana, sobre el que los grupos del Botànic han defendido que permitirá que los beneficios de este servicio reviertan en la ciudadanía, mientras que la oposición ha criticado que se cree “un nuevo chiringuito”.

En la actualidad, el servicio de ITV se presta en la Comunitat Valenciana mediante concesión administrativa por siete empresas, a las que el pasado mes de septiembre se les comunicó que cuando finalice la concesión de 25 años, el próximo 31 de diciembre, no habrá prórroga del contrato.

El decreto ha sido presentado ante el pleno por la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, quien ha destacado que llega cuando ha sido procesado el responsable de esta privatización, Zaplana, dentro del caso Erial, y ha defendido que donde antes se hacía “negocio oscuro” ahora se garantizará el servicio público y la seguridad.

Mollà ha desvelado que a día de hoy la documentación de la adjudicación de las ITV está todavía precintada por la Guardia Civil dentro del caso Erial, y que para poder continuar en el trabajo de hacer públicas las ITV se ha tenido que personar la Benemérita en la Conselleria para entregar documentación precintada de la adjudicación en la que se investiga a Zaplana.

El turno en contra del decreto lo ha ejercido el PP, cuyo diputado Felipe Carrasco ha reprochado al Botànic que tenga “la santa cara” de plantear “un nuevo chiringuito, y ya van 15 con 450 millones de euros que pagan los valencianos”, y que lo hagan con un decreto cuando deberían presentar una ley según ha alertado la Abogacía de la Generalitat.

Carrasco ha afirmado que no hay “ningún plan” para las 1.056 personas contratadas en las ITV; ha señalado que la Comunitat es “la sexta más barata” en estas inspecciones; y ha considerado que el problema “no es el modelo”, sino la “ineptitud” para la gestión pública.

El turno a favor lo ha ejercido el diputado de Compromís Paco García, quien ha explicado que este decreto pone punto final a una “locura privatizadora” que han pagado los valencianos, en la que se privatizaron las ITV sin ningún informe, luego se aplicaron dos nuevas tasas y finalmente se repartieron más beneficios con la reventa.

Ha señalado que este decreto “tiene rango de ley” y con él se hace “justicia”, pues se busca la reducción de precios, mientras que se propondrán nuevas estaciones y se hará una subrogación del personal que trabaja actualmente en ellas, con participación de los sindicatos y con una transición “lo más amable posible”.

Por lo que respecta al resto de grupos, el socialista José Chulvi ha calificado de buena noticia que desde enero de 2023 la gestión de las ITV pase a una empresa pública y de esta forma se recupere un servicio público que “no debió salir nunca de la gestión directa”, lo que beneficiará a los usuarios y a la sociedad.

El diputado de Unides Podem Ferran Martínez ha destacado que no es lo mismo privatizar que “saquear” y ha afirmado que la cuestión es si se quiere que los beneficios vayan a unas pocas multinacionales o que se preste un servicio más barato y eficiente a los valencianos, con condiciones dignas para los trabajadores.

Yaneth Giraldo, de Ciudadanos, ha acusado al Consell de elegir “unilateralmente” el modelo de gestión de las ITV, que quieren “revertir sí o sí, se lleven a quien se lleven por delante” y pese al “triste ejemplo” de las reversiones sanitarias de Alzira y Torrevieja, y ha afirmado que “sin datos objetivos” no pueden validar ningún decreto.

Ana Cerdán (Vox) ha acusado al Consell de “seguir engordando” el sector público instrumental y se ha preguntado “dónde está la urgencia” para recurrir a un decreto ley, cuando hace más de ocho meses que se comunicó que no se prorrogaría el contrato.