Parlamento

El Derecho Civil valenciano, una cuenta pendiente

Los grupos del Botànic y el PP reivindican la reforma de la Constitución que hace posible su aplicación

Miembros de la Associació de Juristes Valencians en el balcón del Ayuntamiento de Valencia junto a una pancarta reivindicativa
Miembros de la Associació de Juristes Valencians en el balcón del Ayuntamiento de Valencia junto a una pancarta reivindicativaLa RazónAjuntament de València

En una conciliación inusual y casi excepcional, los tres grupos del Botànic y el PP han coincidido en reivindicar el Derecho Civil valenciano reformando para ello la disposición adicional segunda de la Constitución Española que motivaron las sentencias del Tribunal Constitucional del año 2016 que dejaron sin efecto las leyes que había desarrollado el Consell y que legislaban en materia civil, como eran la Ley del Régimen Económico Matrimonial valenciano, la Ley de Uniones de Hecho, la de Relaciones Familiares de hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, entre otras.

Por ello, los grupos de la Cámara, a excepción de Vox que no cree en el Estado de las Autonomías, y Ciudadanos, de marcado carácter centralista, han desarrollado una proposición no de ley para que Les Corts Valencianes insten al Consell de la Generalitat a dirigirse a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales para que reclame del Congreso de los Diputados que, con la mayor urgencia posible, lleve a efecto la completa tramitación y sometimiento a debate y votación del Pleno de la cámara de la Proposición de ley aprobada el 5 de febrero de 2020 por el Pleno de las Corts Valencianes, sobre la reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución española para recuperar el derecho civil valenciano de forma efectiva.

El ejercicio de la capacidad legislativa autonómica posibilitó que durante ocho años los valencianos dispusieran de leyes valencianas modernas de familia, a saber, la Ley 10/2007, del régimen económico matrimonial valenciano, la Ley 5/2011, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, y la Ley 5/2012, de uniones de hecho formalizadas de la Comunitat Valenciana, pero todas ellas fueron anuladas por las sentencias número 82/2016, número 110/2016 y número 192/2016 del Tribunal Constitucional, con lo que quedó vacía de contenido la capacidad de autorregulación en materia civil de los valencianos.

Señalan las cuatro fuerzas políticas que como reacción a dichas sentencias, se ha producido un efecto benéfico en defensa del autogobierno; la sociedad civil y el municipalismo han generado un gran consenso en apoyo a la integridad del autogobierno definido en el Estatuto de autonomía de 1982, modificado por la Ley orgánica 1/2006. Sindicatos, universidades, organizaciones empresariales, colegios profesionales, asociaciones culturales y de consumidores, así como 541 ayuntamientos, que representan a más de 5.000.000 valencianos y valencianas, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias han apoyado la reforma constitucional en defensa de un derecho civil propio, moderno, útil, próximo y social. Esta adhesión municipalista es superior a la que determinó el acceso a la autonomía en los años 1979-1981.

Cuarenta aniversario

Y por ello, Les Corts Valencianes han presentado al Congreso la Proposición de ley de reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución española para la reintegración efectiva del derecho civil valenciano, proposición que fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el ya lejano 28 de febrero de 2020. Consideran los grupos que “lamentablemente, una petición tan ampliamente respaldada por los valencianos, tras dos años de espera en el Congreso, no ha sido culminada, por lo que procede agilizar el trámite parlamentario y defender y conseguir la aprobación de la modificación constitucional que han propuesto las Corts Valencianes, y precisamente cuando conmemoramos el cuarenta aniversario de nuestro Estatuto de autonomía aprobado en 1982″.