Tribunales
El tribunal del juicio Alquería comienza las declaraciones previstas y mantiene las acusaciones populares
El expresidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez será el primero en declarar
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado este lunes no modificar el orden previsto de las declaraciones de los catorce procesados en el caso Alqueria, como habían solicitado las defensas, y ceñirse al calendario acordado por las partes, por lo que se va a producir el interrogatorio.
De este modo, el primero en prestar declaración será el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y le seguirá quien fue su asesor en la Corporación provincial y lo sigue siendo en la alcaldía de Ontinyent, Ricard Gallego.
El tribunal ha informado igualmente de que ha acordado permitir que las acusaciones populares, que ejerce el PP de la Diputación de Valencia, y Acción Cívica contra la Corrupción, se mantengan en la causa y puedan seguir participando del juicio.
También ha informado de que se citará como testigos al actual presidente de la Diputación, Toni Gaspar; la consellera de Igualdad y exdiputada provincial Rosa Pérez Garijo; el exjefe de gabinete de Rodríguez, José Manuel Orengo, y otros exdiputados provinciales como Pablo Seguí, Enrique Aguar o Roberto Jaramillo.
Al PP, la presidenta de la sala le ha advertido de que tiene que “subsanar los defectos advertidos” respecto a la legitimidad de su representación, y en caso contrario será expulsado en la fase de conclusiones definitivas.
Esta decisión llega casi una semana después del inicio de este juicio, en el que se analiza la actuación del expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez (entonces alto cargo del PSPV-PSOE y actualmente alcalde de Ontinyent por el partido independiente La Vall ens Uneix), y su equipo más cercano de colaboradores.
Junto a él se sientan en el banquillo de los acusados otros trece altos cargos acusados de malversación y prevaricación por una presunta simulación de contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra (la antigua Imelsa), supuestamente orquestados para beneficiar a miembros y simpatizantes de Compromís y el PSPV.
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