El asesor de Jorge Rodríguez niega haber decidido nada sobre los contratos de Divalterra

Ricard Gallego, que fue jefe de gabinete de Jorge Rodríguez en la Diputación de Valencia y lo es actualmente en la alcaldía de Ontinyent, ha negado este martes haber tenido capacidad alguna de decisión en los contratos de altos cargos de la empresa pública provincial Divalterra cuya legalidad se cuestiona.

La Audiencia de Valencia ha acogido la cuarta sesión del juicio del caso Alquería, la segunda en la que declaran los procesados, por supuestos delitos de malversación y prevaricación a raíz de una presunta simulación de contratos de alta dirección en Divalterra, supuestamente orquestados para beneficiar a miembros y simpatizantes de Compromís y el PSPV-PSOE.

Al igual que hizo este lunes Rodríguez, los procesados que han declarado este martes han optado por responder únicamente a las preguntas de sus abogados, de modo que no se han podido escuchar las preguntas del fiscal anticorrupción ni las de las acusaciones que ejercen el PP y Acción Cívica.

Gallego también se ha presentado como un desconocedor del funcionamiento de la administración pública, y ha explicado que sus principales obligaciones eran las áreas de protocolo y comunicación, sin ningún cargo en la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa.

Por tanto, ha explicado que no tenía obligación de acudir a los consejos de administración de esta empresa pública, aunque en ocasiones lo hacía sin participar en ninguna decisión del mismo.

En relación a las contrataciones de varios directivos para esta empresa pública, ha señalado que no tuvo constancia hasta 2018 de la existencia de informes contrarios a las mismas.

El que fue letrado asesor del consejo, Jorge Cuerda, ha declarado que no conocía personalmente a ningún miembro del consejo y ha insistido en que su puesto “no tiene ni voz ni voto”, ni capacidad tampoco para convocar o establecer un orden del día.

Preguntado por los contratos de altos directivos, ha relatado que le consultaron en enero de 2018 sobre los mismos y que no vio “ningún inconveniente” en el mantenimiento de esta estructura, creada en 2015, si bien ha puntualizado que todos sus informes iban al responsable del servicio jurídico, José Luis Pellicer -uno de los denunciantes del caso-, quien “no dijo absolutamente nada”.

El fiscal anticorrupción pide para Ricard Gallego ocho años de prisión y para Jorge Cuerda, seis.