El fiscal afirma que Divalterra era un “chiringuito” donde PSPV y Compromís colocaban a sus afines

Los siete contratos de alta dirección firmados por la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra fueron “ilegales y arbitrarios”. Esta es la principal conclusión del fiscal anticorrupción Pablo Ponce en la sesión del juicio de este jueves. Esta empresa pública, que sustituyó a Imelsa, “no ha sido más que un chiringuito a lo largo de toda su existencia”.

Sobre los directivos contratados ha sido igualmente tajante: “el único proceso de selección fue la adscripción política” de los beneficiaros, todos ellos afines al PSPV-PSOE o a Compromís, según recoge EFE.

El Ministerio Público ha informado -durante dos horas y media- de que mantiene su acusación contra el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y las otras 13 personas acusadas de haber realizado varios contratos de alta dirección supuestamente irregulares.

Las acusaciones son por supuestos delitos de prevaricación y malversación en su modalidad continuada, tráfico de influencias y organización criminal, supuestamente materializados en contratos de altos directivos para la empresa pública Divalterra, con un perjuicio estimado por el fiscal de 1,1 millones de euros para las arcas públicas -cantidad que hace referencia a los salarios de esos altos cargos-.

“Los nombramientos vinieron de Presidencia de forma expresa, como aseguró Agustina Brines -cogerente- en fase de instrucción”, ha apuntado Ponce, quien ha añadido que las áreas de responsabilidad de esa alta dirección se definieron exclusivamente para vestir estas contrataciones.

Esos contratos “nunca pasaron por el consejo de administración porque se conocía la opinión contraria a los mismos del letrado, que hubiese reparado en ellos por su ilegalidad, y se hizo todo lo posible para evitarlo”.

“No hubo publicidad, no se respetaron los principios de igualdad o capacidad”. A juicio del fiscal, Brines tenía “perfecto conocimiento de la ilegalidad de las contrataciones” y Rodríguez también, por los correos que le envió Sahuquillo (cogerente, junto con Brines, de Divalterra) tras pedir informes a varios especialistas.

“No se trata de pagar por ir a trabajar, sino de si ese trabajo es adecuado, motivado y necesario para la empresa. Los contratos de alta dirección fueron una argucia legal, una ficción, para sustraerse a la normativa legal” y “colocar” a miembros del PSPV-PSOE y Compromís.

Así, ha ironizado al señalar que en esta causa se han evidenciado casos únicos como el del “brigadista que pasó a alto directivo en un año” o el del “Messi de las contrataciones, que se movía por todo el terreno de juego”, en alusión a uno de los altos directivos, que a juicio del fiscal no tenía una labor clara asignada.

En este sentido, ha continuado: “un pacto político no puede justificar en ningún momento una contratación pública. La empresa pública no es un órgano político”, ha lamentado el fiscal, quien ha recordado que Imelsa (antigua Divalterra) “ya venía de un clientelismo político que era perfectamente conocido”.

“Decir que (José Luis) Vera -responsable de los servicios jurídicos de la empresa- participó en el diseño de la estructura de alta dirección no se sostiene documentalmente”, ha concluido.

Por todo ello, solicita para Rodríguez, el que fue su jefe de gabinete, Ricard Gallego, y el asesor Manuel Reguart, y los dos exgerentes de Divalterra Agustina Brines (Compromís) y José Ramón Tiller (PSPV) un total de ocho años de prisión.

Para los siete altos cargos contratados pide seis años de prisión, y otros tantos para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y el también gerente Xavier Simón; hay un procesado al que el fiscal no acusa.

El fiscal reclama el reintegro de la cantidad supuestamente malversada, “aunque la empresa pública no lo haya pedido”, que deberá ser reintegrada a las arcas de la Diputación Provincial de Valencia por los acusados.

Así, a Manuel Carot Martínez se le reclaman 188.102,22 euros, a Salvador Femenía Peiró 111.618,08 euros, a Miguel Ángel Ferri Llopis 153.707,75 euros, a Raúl Ibañez Fos 181.153,07 euros, a Josep Lluis Melero Martí 184.261,42 euros, a Pau Pérez Lledó 112.393,05 euros y a María Soledad Torija Urbano 182.632,57 euros.

El fiscal ha pedido también que se impongan las costas procesales a los acusados, incluyendo las de las acusaciones populares, que ejercen en esta causa el PP y Acción Cívica contra la Corrupción.

Las acusaciones se han adherido a las peticiones de condena de la Fiscalía, salvo en el caso del delito de tráfico de influencias, que la letrada de Acción Cívica no comparte.

Por el contrario, las defensas han pedido en todos los casos sentencias absolutorias, con la condena en costas para las acusaciones populares, que a su juicio no podrían haberse adherido a las peticiones del fiscal porque “no están legitimadas para pedir responsabilidad civil”.

Además, han pedido a la presidenta de la Sala que sean todos los diputados provinciales del PP, los anteriores y los presentes, quienes compartan los gastos de las costas procesales en caso de que se impongan a las acusaciones.