Tribunales

Caso Alquería: La UDEF asegura que Jorge Rodríguez conocía la “arbitrariedad” de los contratos

El entonces gerente de Divalterra Víctor Sahuquillo (PSPV) transmitió a Rodríguez sus “dudas sobre las contrataciones de altos directivos”

El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez
El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge RodríguezManuel BruqueAgencia EFE

Uno de los policías de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha asegurado este jueves ante el juez que el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez “tenía un conocimiento absoluto de la arbitrariedad de las contrataciones” de alto directivos en la empresa pública Divalterra.

Este agente ha comparecido como perito en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra el expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez y otras trece personas que están acusadas de haber realizado varios contratos de alta dirección supuestamente irregulares.

Preguntado por el fiscal sobre los correos incautados a los procesados, este policía ha explicado que el entonces gerente de Divalterra Víctor Sahuquillo (PSPV) transmitió a Rodríguez sus “dudas sobre las contrataciones de altos directivos, basándose en los informes solicitados a especialistas externos”.

“Sahuquillo deja bastante claro en sucesivos correos, un total de 13, que es una ilegalidad”, ha agregado.

Posteriormente ha informado al tribunal de que la UDEF comprobó que “Divalterra tenía un volumen de negocio de 25 millones de euros, Egevasa 35 y los Bomberos 46″ y que les “llamó la atención que Egevasa no tuviese ni un alto directivo, los bomberos uno y Divalterra 10. Eso nos llevó a sospechar de que había algo raro”.

Del mismo modo, a preguntas del fiscal, este policía ha señalado que no hallaron ningún expediente en el que se diese publicidad a la cobertura de los puestos de alta dirección, ningún documento en el que los procesados argumentasen la mejora de la eficacia para justificar los contratos y tampoco ningún documento en el que se justificase sus despidos una vez fueron denunciados los hechos.

Igualmente, ha señalado que tampoco existe constancia documental de que los procesados maniobrasen o presionasen a nadie para que elaborasen informes favorables a los contratos.

En referencia a la cogerente de Divalterra Agustina Brines (Compromís), este responsable de la UDEF ha concluido que igualmente “era sabedora de la irregularidad de las contrataciones” y ha explicado que llegó a esta conclusión tras leer “numerosos correos” en los que ésta “habla abiertamente de que estamos cometiendo una ilegalidad, que el tema está ‘cogido con pinzas’, o que ‘tenemos que mirar por el retrovisor’”.