Las acusaciones populares, pero también las particulares personadas en la causa dana se están oponiendo de manera rotunda a la pretensión de la defensa del imputado Emilio Argüeso, y también de la imputada Salomé Pradas, de que se unifiquen todas las acusaciones bajo una única representación letrada, o en su caso dos.

Según la defensa de la exconsellera, «parece razonable que se agrupen tanto las acusaciones populares y particulares entre sí a fin de contribuir al correcto ejercicio de la tutela judicial efectiva». Y proponía que las acusaciones populares decidiera quién las representaba, o en su defecto, que lo hiciera la primera personada; y que las particulares se conformaran con dos abogados y dos procuradores.

Argumentaba Argüeso en su pretensión que «la tremenda cantidad de acusaciones, única en la historia de España, limita el derecho de defensa de esta parte pues es imposible poder impugnar recursos de decenas y decenas de acusadores, contestar y leer todo tipo de escritos...con lo que el derecho de defensa de mi representado queda claramente violentado».

Esta pretensión de Pradas y de Argüeso ha sido apoyada por la Fiscalía, lo cual ha sorprendido a muchos de los letrados, alineados con el Ministerio Público en la acusación, si bien desde la esfera de la acusación popular o particular. Tanto Argüeso como la Fiscalía proponen que la dirección letrada recaiga en Podemos, dado que fue la primera formación en personarse, algo en lo que coincide la defensa de Pradas, si bien concede la libertad de que sean las acusaciones quienes decidan a su representante único.

Suscita desconfianza

Además, el fiscal señala que «la personación de partidos políticos en los procedimientos penales suscita una justificada desconfianza» y recuerda que «esta práctica, desconocida en los sistemas penales de los países de nuestro entorno, conlleva un serio riesgo de judicialización de la política, en la medida que transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política».

Esta postura de la Fiscalía ha provocado la reacción en cadena de la práctica totalidad de las acusaciones, que se han opuesto a la petición de los imputados Pradas y Argüeso.

Así, la defensa que Ciudadanos que ejerce la letrada Mamen Peris señala que «el artículo 24 de la Constitución Española reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, así como el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Este derecho se extiende también a las acusaciones, tal como reiteradamente ha sostenido el Tribunal Constitucional afirmando que la parte acusadora tiene derecho a que su pretensión sea oída en condiciones de igualdad».

Considera que «lo que se intenta por las defensas es diluir la instrucción y las posibles actuaciones requeridas por las acusaciones para que les suponga más cómoda y fácil su labor de defensa. En este sentido, resulta contradictorio que quienes reclaman garantías para su propia defensa, pretendan simultáneamente restringirlas para la parte contraria».

Desde el PSOE se señala que la pretensión de Argüeso «únicamente se efectúa de forma genérica» y se apunta que «del desarrollo del procedimiento se desprende que se está instruyendo la causa de una manera completamente ágil». Y considera que «el volumen del procedimiento obedece a la complejidad de la causa, al gran número de perjudicados, de entes que formaron parte de le emergencia del 29-O y de las causas de la misma».

Desde Podemos, que es la formación propuesta por la Fiscalía y la defensa de Argüeso para llevar la dirección letrada se oponen «frontalmente a la pretensión de unificación de las acusaciones populares».

Podemos se opone

No obstante, y por si su señoría no coincide con el criterio y decide ordenar la unificación de las acusaciones, Podemos propone «agrupar a las acusaciones populares atendiendo al criterio objetivo de personación, si bien nucleadas en torno de las dos primeras acusaciones populares personadas, que salvo error de esta parte, resultarían ser, por este orden, Podemos y FETAP-CGT. De esta manera, las restantes acusaciones populares podrían agruparse libremente bajo la representación y defensa de los profesionales de cualquiera de las dos entidades».

Como explicaba la secretaria general de Podemos en la Comunitat, María Teresa Pérez «lo hacemos así también para evitar que se adelante Vox o alguna otra acusación que está demostrando no estar interesada en conocer la verdad, sino en hacer política contra unos en concreto».