Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía exigen parar las reglas del Tajo-Segura por "ideológicas"

La Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía han exigido este lunes detener las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que reducirían drásticamente los caudales al sureste, por ser "partidistas e ideológicas" y sin atender a los criterios técnicos y científicos.

Así lo han puesto de manifiesto el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la consejera murciana de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el secretario general del Agua de la Junta andaluza, Ramiro Angulo, en una reunión en Alicante para conocer las conclusiones del informe ‘Trasvase Tajo-Segura. Nuevas reglas de explotación’, elaborado por la Universidad de Alicante por encargo de la Generalitat Valenciana.

Mazón, su conseller de Agua, Miguel Barrachina, y los responsables del mismo área de la Región de Murcia y la Junta de Andalucía han coincidido en pedir la derogación del Plan del Tajo y en anular las consiguientes las reglas de explotación, aún en trámite y que ven "irregulares", y han asegurado que "aún hay tiempo".

"Hay 17 trasvases en España, 50 contando los de menor cuantía, y el único que se cuestiona políticamente es el Tajo-Segura", ha recalcado Mazón antes de indicar en las reglas de explotación "se llama caudal ecológico a lo que es un caudal político".

Ha argumentado que el caudal ecológico del Tajo se ha cifrado en 8,65 metros cúbicos por segundo en Aranjuez cuando para el río Júcar, con más caudal, es de 2,74 y en el río Jarama del 6,06. "¿Cómo es posible y cuál es la hoja de ruta?", se ha preguntado el president valenciano sobre las directrices del Ministerio de Transición Ecológica.

Se pretende acabar con millones de árboles

Mazón ha insistido en que a los regantes del sureste les asiste "el peso de la razón" frente a unas reglas de explotación con "contradicciones de extraordinario nivel" y ha añadido que su demanda atiende a la necesidad de millones de habitantes y, además de la actividad agrícola y económica, a "la defensa del medio ambiente, verde y ecológica porque se pretende acabar con millones de árboles en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía".

También ha acusado al Gobierno central de engaño por anunciar 1.300 millones en obras para la cabecera del Tajo para mejorar la eficiencia y solamente ejecutar 100.

Murcia ve un plan lleno de "irregularidades"

Por su parte, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha vuelto a dirigirse al Ministerio para la Transición Ecológica para que derogue el Plan de Tajo "y no se avance en unas reglas de explotación consecuencia de un plan lleno de irregularidades".

"El problema del Tajo está en la gestión ineficiente de los embalses, de unos regadíos poco modernizados y una gestión poco transparente de la Confederación del Tajo", ha sostenido Rubira, para quien los regadíos del Segura son de los más eficientes del país y "no es justo castigar a las comunidades que mejor uso hacemos del agua".

Para la consejera murciana, "el Tajo-Segura es ejemplo de solidaridad nacional y nos ha convertido en lo que hoy somos", con una economía, empleo y desarrollo que impiden poder prescindir de los envíos del trasvase, que "no son un privilegio sino justicia de un recurso que es de todos los españoles".

El secretario general del Agua de Andalucía, Ramiro Angulo, ha insistido en que se está "a tiempo de volver a la senda del diálogo" porque aún se sigue en fase de revisión del documento y ha incidido en que las comunidades receptoras del agua quieren "garantizar los suministros y usos del alto Tajo y los ambientales, pero también vertebrar el territorio a partir de las mejores técnicas sostenibles".

"Queremos atender las demandas del alto Tajo sin olvidar al resto", ha repetido Angulo, para quien debe tenerse en cuenta la producción agrícola de Almería, Murcia y Alicante, que ayudan a garantizar "la seguridad alimentaria de Europa en un momento tan complejo".

Los regantes dicen que hay "mucha agua para trasvasar"

Por parte de los agricultores ha actuado como portavoz el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, que las normas de explotación fueron de índole político y que por ello llevan sin ser aprobadas desde el pasado abril.

"Todavía es posible que esas reglas que surgen de la planificación política vayan al baúl de los recuerdos, que esa planificación, aprobada en 2023, vuelva a los cajones del ministerio", ha considerado el presidente de los regantes, quien ha pedido "cordura" y atender la necesidad del sureste una vez que se cumplan "las demandas de nuestros compañeros del alto Tajo y las ecologistas" porque, ha subrayado, "hay mucha agua para trasvasar".

Según Jiménez, las nuevas reglas del Tajo-Segura pondrían en peligro las economías de tres comunidades autónomas "por una componenda de votos" a partir de una decisión que, en su día, "decidió la ministra con su dedo" y frente al criterio de los técnicos