La «financiación a la carta» de Cataluña convence a PSPV y Compromís

El pacto hecho público ayer entre el PSOE y Junts para cerrar la investidura de Pedro Sánchez recoge dos aspectos que pueden tener consecuencias en la economía de la Comunitat Valenciana.

En primer lugar, el PSOE se compromete por escrito a abrir «un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña». Esta afirmación aclara las declaraciones que realizó el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños cuando, tras cerrar su acuerdo con ERC, afirmó que la condonación de la deuda de 15.000 millones a Cataluña «sería extensible al resto de autonomías». Así, se constata que en las negociaciones sobre el cambio de modelo de financiación serán a dos: entre el Gobierno de España y los partidos independentistas.

Con todo, PSPV y Compromís celebraron ayer el pacto.

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, aseguró que se trata de un acuerdo global de una investidura que atiende «la agenda valenciana». Se refirió al cambio del modelo de financiación autonómica o la condonación de parte de la deuda. Por tanto, dijo que será positivo para la Comunitat.

Por su parte, la secretaría general de Més-Compromís, Àgueda Micó, dijo que se garantiza que por fin se reformará el sistema de financiación.

Sin embargo, la posición del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, está en el extremo opuesto.

En una declaración institucional afirmó que la Comunitat Valenciana es la más perjudicada por este «inmoral» acuerdo y se comprometió a encabezar la recuperación de los valores constitucionales para garantizar que «los ciudadanos de esta tierra no van a ver pisoteados sus derechos».

Dinero por derechos

También dejó clara cuál es su postura frente a la posible condonación de la deuda. «Tan cierto es que jamás transaccionaré con la destrucción de los valores constitucionales por dinero, como que jamás renunciaré a la defensa de cada euro que amenace los pilares fundamentales del bienestar de los ciudadanos de esta tierra».

El jefe del Consell, defendió que la protección del Estado del Bienestar de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana no es ningún trofeo, ni es un cheque en blanco para solucionar problemas políticos, porque esa igualdad son colegios, hospitales y servicios sociales. «Esa igualdad no es el beneficio de unos pocos, sino la calidad de vida de todos».

Aludió también al Estado de Derecho. «El pacto dinamita los acuerdos que todos nos dimos y cambia por completo las reglas del juego. Pedro Sánchez y los separatistas catalanes han rubricado con su firma la diferencia entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda».

Por lo que respecta a que el Gobierno quiera trabajar por que las empresas que salieron de Cataluña- como Caixabank o Banco Sabadell- vuelvan a la Comunitat Valenciana, incluso el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, se mostró ayer sorprendido. «Esas decisiones corresponden a las empresas y no a los gobiernos». Añadió además que estas empresas han estado «muy confortables» entre los valencianos y se han sentido «muy acogidas».

En la misma línea se pronunció el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, quien preguntó qué tipo de incentivos se quiere dar a estas empresas. Además, advirtió de que el acuerdo alcanzado no frena el anhelo «soberanista de Junts».

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha advertido al Gobierno que “no entra dentro de sus competencias decidir si una empresa debe situar su domicilio social o fiscal es una región u otra. Lo que tiene que hacer el Gobierno es trabajar para generar un escenario de igualdad de oportunidades, estabilidad y seguridad jurídica para favorecer el desarrollo empresarial y, de este modo, el empleo y el progreso económico y social. Y con decisiones como esta, está recorriendo el camino contrario”.