La Generalitat valenciana pondrá tope a los alquileres en cuanto se apruebe la Ley de la Vivienda

El Gobierno valenciano aplicará el límite a los precios de alquiler "al día siguiente" en el que las Cortes Generales den luz verde a la Ley de la Vivienda. El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, ha confirmado a través de un vídeo que ha colgado en redes sociales la manera en la que actuará el Gobierno valenciano. "Han tenido que pasar más de 40 años de democracia para que se apruebe la primera ley de la Vivienda. Por primera vez la vivienda se considera un derecho en nuestro ordenamiento jurídico". Ha aludido también al hecho de que el acuerdo del Gobierno con los grupos políticos haya llegado justo el día de la celebración de declaración de la proclamación de la segunda República en España.

Poner un tope a los alquileres es una de las medidas que más polémica ha suscitado. Se establece que para 2023 se mantendrá el 2% de tope actual y que a partir de 2024 se creará un nuevo índice de referencia, más estable e inferior a la evolución del IPC, para limitar el alza en las renovaciones anuales. Para el año 2024 operará el 3%.

Son los gobiernos autonómicos los que tienen que declarar estas áreas tensionadas. La ley permite que así lo hagan si se cumplen tres circunstancias: que el pago de la vivienda suponga un esfuerzo de más del 30% sobre los ingresos de los hogares de la zona o que los precios hayan subido más de tres puntos porcentuales por encima del IPC en los últimos cinco años. Esto se da fundamentalmente en grandes ciudades.

De momento, tanto el PSPV y Compromís han confirmado que solicitarán esta declaración para la ciudad de Valencia.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha argumentado que el precio ha subido mucho en toda la ciudad. Ha hecho especial hincapié en el efecto que tienen los apartamentos turísticos.

Ha añadido que en la práctica totalidad del término municipal se dan las condiciones para poder delimitar las zonas tensionadas, como los incrementos de precios por encima de un 5 por ciento sobre las variaciones del IPC o que las cuotas de alquiler supongan más de un 30 % de los ingresos familiares, según recoge EFE.

Esas restricciones supondrían una reducción del precio del alquiler que se incentivaría con deducciones fiscales para las personas propietarias y permitirían facilitar el acceso a la vivienda, un derecho que el alcalde considera fundamental.

Por su parte, la vicealcaldesa y candidata socialista a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha subrayado que es una ley "muy necesaria para ayuntamientos de ciudades como Valencia que estamos sufriendo un aumento del precio de la vivienda y que necesitamos herramientas que nos ayuden a frenar este fenómeno”.

“Vamos a hacer frente a los fondos buitre y a los especuladores que quieren hacer negocio con el sufrimiento de muchas familias que no pueden quedarse a vivir en la ciudad de Valencia”, ha esgrimido.

Sandra Gómez ha criticado al Partido Popular "que parece que respalda a los especuladores y no a las familias. Ya han dicho que van a votar no a la ley con la que desde el PSOE queremos garantizar ese derecho a una vivienda digna de todas nuestras familias, frente al Partido Popular que dejará el campo abierto a los especuladores y a los fondos buitre”.