Nadie puede empezar volver a empezar si no dispone de un hogar propio. Con los coches todavía amontonados en las campas, pensar en que todos aquellos que perdieron su vivienda como consecuencia de la dana estén ya instalados en su nuevo hogar parece imposible.

Desde la vicepresidencia segunda que dirige Susana Camarero y que tiene las competencias en vivienda y servicios sociales, se ha remitido una carta a la ministra con competencias en esta materia, Isabel Rodríguez, para apremiarle a cumplir con las peticiones realizadas el pasado 4 de noviembre en una reunión de trabajo.

La Generalitat estima que el parque público de los municipios afectados sufrió daños por valor de 43,6 millones de euros y solicitó esta cantidad reparar estas viviendas.

De momento, según indica la vicepresidencia en la carta enviada, el Consejo de Ministros se ha limitado a aprobar una subvención por valor de 25 millones a favor de la entidad pública del suelo, Sepes, (adscrita al Ministerio de Vivienda) que tiene como objetivo financiar la compra de viviendas.

Camarero solicita que esta cantidad se destine a la construcción de 200 viviendas públicas «industrializadas móviles» en edificios de cuatro alturas para realojar a las familias que quedaron sin vivienda. «Se trata de módulos tridimensionales prefabricados que permitirán a los afectados contar con una vivienda en pocos meses».

(Seguirá ampliación)