Las seis claves del plan de ajuste que ha empezado a preparar el Gobierno valenciano

La Generalitat valenciana se prepara por si hay que regresar a la época de los ajustes. Los Presupuestos se aprobaron hace menos de un mes, pero el FLA extraordinario no se materializa y la situación financiera es preocupante. Las primeras damnificadas han sido las farmacias, pero si la liquidez continúa hacen falta más medidas. Por si el FLA extraordinario se mantiene congelado, el Consell ha comenzado diseñar un primer plan de contención del gasto que comenzará a ejecutarse el próximo 7 de julio. El objetivo, según aseguran fuentes de la Generalitat, es cubrir las desviaciones de déficit a consecuencia de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. La «asfixia» financiera que tanto han denunciado en los últimos meses.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha acudido este jueves a la reunión ordinaria de subsecretarios y secretarios autonómicos previa al pleno del Consell para solicitar a todos los departamentos un plan exhaustivo de revisión del gasto. El primer objetivo es ajustar los capítulos relativos a gastos de personal y de funcionamiento. El lunes deberán tener preparadas las propuestas que pasarán a formar parte de un plan de medidas extraordinarias que girará en torno a seis ejes.

En primer lugar, se solicita a todos los departamentos que se haga un esfuerzo extra para racionalizar y rentabilizar el patrimonio de la Generaliat. Se pide también que se extreme la lucha contra el absentismo laboral, así como la máxima rigurosidad en el sector público instrumental para que no se produzcan ni duplicidades ni gastos superfluos. Además, se convocará un Comité Permanente de Seguimiento con Hacienda y las consellerias con mayor peso presupuestario para comprobar que se producen avances en la mejora de gestión, evitar posibles desviaciones presupuestarias y garantizar la eficiencia en la ejecución. Por último, se dará un nuevo repaso a las subvenciones y se buscará la manera de ahorrar costes aprovechando la digitalización.

Estas son las bases, la letra pequeña se irá conociendo a medida que cada Conselleria presente sus propuestas.

Más de 4.000 millones en "desahorro"

La Cuenta General de la Administración de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2024 refleja una situación preocupante. Este documento pasó ayer por el pleno del Consell, un trámite previo al envío a la Sindicatura de Cuentas. El resultado económico-patrimonial del ejercicio 2024 se situó en menos 4.589,79 millones de euros, frente a los menos 2.475,44 millones del ejercicio anterior.

Desde la Conselleria de Hacienda explican que este resultado refleja el impacto extraordinario de la riada, por la que se dotó una provisión de 604,22 millones de euros para cubrir los daños estimados por las distintas consellerias en infraestructuras y bienes, cuyo coste debe ser asumido por la Generalitat.

Para 2025, la Generalitat ha destinado un total de 2.364,3 millones de euros a actuaciones derivadas de la dana, financiados mediante deuda con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas autorizado por el Estado. Hasta la fecha de emisión del informe, el importe total de ayudas directas previstas en la normativa vigente alcanza los 589,52 millones de euros.

Por lo que respecta a los ingresos tributarios y cotizaciones sociales, experimentaron un crecimiento del 12,27 por ciento en 2024, alcanzando los 17.159,98 millones de euros frente a los 15.284,95 millones del ejercicio 2023. Este incremento representa un aumento de 1.875,03 millones de euros en términos absolutos.

Cierre de farmacias

La patronal farmacéutica valenciana anunció ayer que tendrá que tomar medidas si continúa la «situación crítica» a las que se ven abocadas muchas oficinas de farmacia ante el impago por parte de la Generalitat. Desde Confar, que forma parte de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), se manifestó una profunda preocupación por la situación actual.

Aseguran que estos impagos afectan a la viabilidad empresarial de muchas oficinas de farmacia, especialmente las de menor tamaño. Califican además de «inadmisible» la falta de claridad por parte de la administración autonómica en cuanto a los plazos y compromisos de pago. «Genera una gran incertidumbre inaceptable y podría derivar en el cierre patronal».