Podrían pasar siete meses más de aquel día en el que Valencia sufrió una riada tan devastadora que será incluida en los libros de Historia. Podría cumplirse el aniversario de la dana y habría una persona con altísimas responsabilidades en la gestión de lo ocurrido aquel día que seguiría sin explicar absolutamente nada, a no ser que un juez le llama a declarar.

Ese momento llegará, pues la jueza de instrucción, Nuria Ruiz Tobarra, ha solicitado su declaración en calidad de testigo, pero sigo preguntándome qué tiene que esconder el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, para que se haya impuesto sobre él un cordón de protección que le impide incluso acompañar a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a visitar obras de reconstrucción de la dana que está ejecutando el organismo que él dirige.

El mismo día que esto ocurría en Massanassa, el subdirector general de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos, Francisco Javier Sánchez Martínez, comparecía en la comisión de investigación de la dana del Senado y, entre otras cuestiones, le preguntaron, qué hizo él el 29 de octubre.

Es de sobra conocido que tanto él como Polo participaron aquella mañana en una jornada de expertos en agua celebrada en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Tanto experto en agua, dijo el senador popular José Ramón Díez de Revenga, y a ninguno le saltó alerta alguna.

Después de comer, este alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica explicó que fue a sede de la CHJ, donde estuvo entre las cuatro y las cinco de la tarde. No recuerda nada relevante de esas horas. A Polo, «solo lo vi un momento».

El presidente de la CHJ ha evitado comparecer ante los medios de comunicación, incluso ha excusado su asistencia en las comisiones donde la ley se lo permite.

No podrá hacerlo en el Senado, aunque sí podría no responder a las preguntas. Con toda seguridad que habrá que esperar al turno de la jueza.