La UCO investiga a Corbín por pagar en efectivo obras en su chalet en Xàbia

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil que investigan el caso Azud han tomado declaración en los últimos meses a varios testigos de las supuestas corruptelas de las que es sospechoso el abogado y cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, José María Corbín, que pudo haber pagado en efectivo más de 80.000 euros para reformar su chalé en Xàbia (Alicante).

Según declaró un constructor citado como testigo en el puesto de la Guardia Civil de este municipio costero alicantino, recuerda haber trabajado en el referido inmueble, en la urbanización El Tosalet, por indicación de Corbín, aunque "era ampliamente conocido que esa casa era de Barberá", algo que LA RAZÓN ha comprobado que no es cierto.

Estas declaraciones se han aportado por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de València, que investiga el conocido como caso Azud.

En esta macrocausa se investiga la supuesta comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción, que afectan tanto a dirigentes del PP como del PSPV, y entre las diferentes líneas de investigación se encuentra la relativa al supuesto pago de comisiones de naturaleza ilícita a abogados cercanos al equipo de gobierno de Rita Barberá en València.

Un trato cordial y de confianza

Aunque sólo vio a la exalcaldesa allí en una ocasión, este testigo explicó a los agentes que tenía un trato cordial y de confianza con la familia (la esposa de Corbín es hermana de la exalcaldesa y fue durante décadas su jefa de gabinete), a la que incluso encendía la calefacción antes de que llegasen.

Preguntado por la forma en la que cobraba de Corbín, este constructor aseguró inicialmente que "con factura", aunque dijo que no lo recordaba bien, y al mostrarle documentación que guardaba Corbín añadió que "era normal" cobrar en efectivo en aquella época, que Corbín le pagaba en efectivo la mayoría de ocasiones, "incluso la parte de los trabajos en los que se cargaba el IVA".

Entre la documentación que los agentes le exhibieron se encuentran cinco documentos con recibís de pagos en efectivo de entre 15.000 y 27.000 euros, así como un listado de trabajos realizados en el inmueble cuyo importe asciende a más de 80.000 euros.

Comisionista en un centro comercial con pista de esquí

Las pesquisas de la Guardia Civil para investigar la actividad como supuesto comisionista de Corbín han llevado a la UCO a entrevistarse con uno de los empresarios que desarrolló el complejo Xanadú de Madrid, y que formó parte de la sociedad que intentó replicar este espacio comercial con pista de esquí en la ciudad de Valencia.

En 2008, el proyecto Neutopia se proyectó en la zona sur de la ciudad, junto a la V-30, "con una inversión privada por encima de los 300 millones de euros y la creación de más de 7.000 empleos", y preveía atraer 15 millones de visitantes al año, según informaron los promotores en aquel momento.

A ese empresario consultado por los guardias civiles -que abandonó el proyecto en 2007- le llamaron la atención varias cosas: una, que no le gustaba el terreno, lo consideraba excesivamente pequeño e implicaba la construcción de la pista de esquí sobre el propio edificio del centro comercial, incrementando así el coste y la dificultad de la construcción.

También advirtió el hecho de que se antepusiera la elección del terreno al éxito del proyecto, ya que no se ofrecieron alternativas de suelo, y por último la forma de pago establecida para la compra de dicho terreno, en diferido en función del cumplimiento de una serie de hitos relacionados con la obtención de licencias por parte del Ayuntamiento de València.

Según la información aportada por este testigo, el coste total del terreno era de unos 45 millones. El primer pago, de entre 12 y 15 millones, no fue desembolsado por ninguna de las dos empresas promotoras, sino que fue financiado por una entidad bancaria, no recuerda si Bancaja o la CAM.

Este empresario recordó haberse reunido con el entonces vicealcalde, Alfonso Grau, que "le dijo que si quería hacer el proyecto pronto, ese terreno era la única solución".

Los honorarios y la reputación de Corbín

En el sumario del caso Azud consta el contrato de prestación de servicios entre la sociedad promotora de este centro comercial con pista de esquí, Nieve y Comercio SA, y el despacho de Corbín Abogados suscrito en junio de 2004, en virtud del cual el cuñado de la exalcaldesa debía cobrar 138.000 euros.

La forma de pago era 2.000 euros al mes durante 24 meses a partir de julio de 2004; 15.000 en cada uno de los siguientes hitos: licencia comercial, licencia de obras, aprobación del plan parcial y finalización del proyecto de reparcelación; y otros 30.000 euros cuando el centro comercial obtuviese la licencia de apertura.

Otro de los testigos entrevistados, un empresario de la construcción que participó en el desarrollo del centro comercial El Saler, explicó a los agentes de la UCO que conocía personalmente a Corbín y a Barberá, y que consideraba a este abogado "como la persona más idónea para la tramitación del papeleo, por ser el cuñado de la alcaldesa" y porque "se movía bien por el Ayuntamiento".

1,7 millones

La Agencia Valenciana Antifraude estima que un contrato que el Ayuntamiento de València adjudicó por 129 millones a Acciona en 2006, donde intermedió el abogado y cuñado de Rita Barberá José María Corbín, ha supuesto un perjuicio económico para las arcas públicas entre 2007 y 2012 de 11,2 millones de euros.

En caso de considerarse los ejercicios 2013 a 2023, el perjuicio ascendería en 2,4 millones de euros. Estas cantidades se fundamentan en modificaciones de las fórmulas de revisión de precios, inclusión de servicios extraordinarios y partidas extraordinarias o sin justificar.

El Juzgado de Instrucción número 13, que instruye la macrocausa conocida como caso Azud, encargó a Antifraude la elaboración de este informe tras constatar la Guardia Civil en mayo del año pasado que el abogado y cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, José María Corbín, pudo haber cobrado alrededor de 1,7 millones de euros en comisiones ilícitas por esta adjudicación del contrato de limpieza y saneamiento.

La firma adjudicataria, Acciona, ya realizaba la labor de mantenimiento del alcantarillado desde 1995 pero su contrato finalizaba en 2006.

En el referido informe de Antifraude, se considera que la licitación debería haber ido precedida de un anteproyecto de explotación que incluyese las obras precisas, pues se trataba de un contrato mixto de gestión y de obras.

Esto derivó en una "indeterminación del precio del contrato, que depende de los servicios y las obras de conservación a ejecutar".

Las comisiones

"Infilco España (posteriormente Acciona Aguas) era una de las potenciales licitadores y la sociedad que en ese momento prestaba el servicio. Quince días después de la licitación suscribe un contrato de prestación de servicios con el despacho de Diego Elum y fija un precio de 2,56 millones de euros, un 2 por ciento aproximadamente del importe de licitación", según detalla la Guardia Civil en su informe del pasado mayo sobre las comisiones que pudieron cobrar los abogados Diego Elum y José María Corbín.

Según consta en el referido informe de la UCO, Elum, en su declaración judicial como detenido, dijo que Corbín se ofreció a ayudar para conseguir la contrata y que le exigió dos tercios de sus honorarios, es decir, 1,7 millones de euros.

Dijo también que si Corbín no hubiese sido cuñado de Rita Barberá, "ni Corbín le hubiese planteado ese acuerdo ni el declarante habría hablado con Corbín sobre el compromiso que había adquirido con Acciona".

Tras la fructífera adjudicación de Acciona Aguas del contrato de saneamiento por 129 millones de euros, entre el 21 de mayo de 2007 y el 2 de febrero de 2009 esta mercantil abonó en cinco transferencias un total de 2,56 millones de euros al despacho de Elum, el cual, inmediatamente después, transfirió dos tercios de esos fondos al despacho Corbín Abogados.

La UCO destaca en su informe, además, que esas supuestas mordidas no fueron abonadas por Acciona sino que esta firma las repercutió a la UTE adjudicataria en cinco facturas con el concepto "gastos de licitación", cuyos importes coinciden exactamente con el importe inicialmente facturado por el despacho de Elum.

Los pagos efectuados por Elum a Corbín "se enmarcan en un proceso de facturación ficticia, articulado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a los movimientos de fondos", y el propio Elum declaró, según se refleja en el informe de la Guardia Civil, que "nunca hubo ningún informe, ningún dictamen ni ninguna actividad por parte de Corbín Abogados".

Regalos de Navidad

En otro apartado del informe, la UCO hace referencia a los regalos de Navidad (artículos de lujo) que efectuó Acciona entre 2004 y 2008 a varios miembros de la corporación que lideraba Rita Barberá, entre ellos los concejales Alfonso Grau, Silvestre Senent o Ramón Isidro.

Entre los regalos que percibió Barberá constan un bolso de Louis Vuitton, pañuelos o monederos de reconocidas marcas cuyo importe asciende a cerca de 8.000 euros en el referido periodo.