Persecución y sectarismo en la Cataluña de Companys

El fracaso de la sublevación militar de julio de 1936 en Barcelona propició que el poder real en las calles pasara a manos de las milicias de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) y de la FAI (Federación Anarquista Ibérica) sobre el resto de organizaciones izquierdistas o nacionalistas. Más de 40.000 milicianos deambulaban por la capital catalana el día 20 de julio, autodenominándose, con selectividad excluyente, «el pueblo», pese a que el pueblo, por lo general, estaba en sus casas, amedrentado tras los terribles sucesos de aquellos días de lucha.

Lluis Companys Jover, presidente de la Generalidad de Cataluña desde el 26 de mayo anterior, tuvo los reflejos suficientes –tragándose los sapos y las culebras de rigor– para cortejar y halagar a los anarcosindicalistas tras su victoria en las calles barcelonesas. Éstos, que necesitaban un personaje manejable al frente de la presidencia del gobierno autónomo y la apariencia pública de un poder institucional real mientras seguían dominando la calle con su ideario libertario, se dejaron querer y lo mantuvieron al frente de la Generalidad.

Con una hipocresía sublime que denotaba la demagogia del personaje, Companys afirmó en su discurso a los cenetistas el mismo 20 de julio lo siguiente: «Ante todo he de deciros que la CNT y la FAI no han sido nunca tratadas como se merecían por su verdadera importancia. Siempre habéis sido perseguidos duramente y yo, con mucho dolor, pero forzado por las realidades políticas, que antes estuve con vosotros, después me he visto obligado a enfrentarme y perseguiros. Hoy sois los dueños de la ciudad y de toda Cataluña porque solo vosotros habéis vencido a los militares fascistas y espero que no os sabrá mal que en este momento recuerde que no ha faltado la ayuda de los pocos o muchos hombres leales de mi partido, de los guardias y de los mozos...».

Al final del discurso dejaba en manos de los anarquistas su continuidad o su remoción del cargo, pidiendo sitio como un soldado más contra el fascismo si los cenetistas decidían arrebatarle la poltrona. Él les prometió que podrían contar con su «lealtad de hombre y de político que deseaba que Cataluña marchara a la cabeza de los países más adelantados en materia social». Así lo expresó. Han leído bien. El posibilismo del personaje reflejaba su deseo de mantenerse en el cargo y unir su futuro al de los anarquistas de la CNT-FAI; éstos, frente a su ideario libertario de dar rienda suelta a un proceso de poder popular organizativo, prefirieron entregar su victoria en las calles al gobierno nacionalista, uniendo indefectiblemente su criminal actuación, durante los meses posteriores, a la Esquerra Republicana de Cataluña, a la Generalidad así como al muy honorable «y leal a los anarquistas» presidente.

Un esclarecedor informe oficial republicano, fechado tras los sucesos de mayo de 1937 y conservado en el Archivo General Militar de Ávila, pone los pelos de punta y señala la deriva del orden público vivida en Cataluña durante los diez primeros meses de la contienda. El documento comienza así: «En todos los aspectos la situación política de Cataluña se manifestaba dentro de un proceso caótico con tendencia a empeorar. La intervención de los anarquistas dentro del gobierno aumentó el ritmo de dicho proceso y la autoridad del gobierno de la Generalidad decrecía en la misma medida en que aumentaba la influencia anarquista (...) Economía, Abastos, Sanidad y una influencia preponderante en Orden Público eran los reductos de los anarcosindicalistas (...) Esta preponderancia de los hombres de la FAI se debe a la cobardía de la Esquerra, la cual se sometía por completo al dictado de los anarquistas...». Cobardía de la Esquerra. Eso pensaban y afirmaban los propios republicanos.

Desde la Consejería de Economía, Sinesio Baudilio García Fernández –más conocido por su alias, Diego Abad de Santillán–, un gallego de nacimiento yteórico del anarcosindicalismo fogueado en Argentina, dictaba disposiciones para alcanzar la ansiada colectivización. A la vez, según reza el informe, «en estos tiempos comienza a manifestarse ya de manera clara un relajamiento moral de sectores anarquistas. Comienza el robo y aumento de la criminalidad. Cataluña paga sueldo a más de 90.000 milicianos y en cambio en el frente no hay más de 20.000. Cada día se dan 80.000 raciones de comida y otros tantos equipos. Todo ello queda en los sindicatos anarquistas...».

Casi todo dependía de la Comisaría General de Orden Público, por donde pasaron en poco tiempo dos militares –Federico Escofet y Enrique Gómez García–, y dos políticos de Esquerra Republicana, Andreu Rebertés –envuelto en un turbio affaire contra Companys y paseado por los anarquistas o por los propios milicianos de Esquerra– y Martí Rouret, hombre de total confianza de Lluis Companys. Los dos últimos estuvieron mediatizados por el Jefe de Servicios de la Comisaría, uno de los hombres fuertes de la CNT: Dionisio Eroles.

«En diciembre se produjo otra crisis de la Generalidad. En ella la CNT aumentó su influencia, pero cediendo en el orden público el puesto de comisario general a un miembro del PSUC. Este fue Rodríguez Salas, quien tomó posesión el 24 de diciembre». Eusebio Rodríguez Salas se planteó unificar los servicios de orden público y perseguir a los incontrolados. Lo primero, porque hasta ese momento en Cataluña podían realizar labores de orden público, además de los consejeros de seguridad interior de cada municipio, los Comités de Defensa, el Consejero de Seguridad Interior de la Generalidad, el Comisario general, el Jefe de Servicios, el Inspector General, el Secretario de la Junta de Seguridad y todos los jefes y jefecillos de las patrullas de control.

Y en cuanto a la persecución de los «incontrolados»: «...Era el otro punto. El problema de los incontrolados era una cosa compleja que arranca desde la CNT, a causa de la mentalidad que impera entre los militantes de esa organización. En principio se llamaba incontrolados a los que, saliendo de la órbita de todo control, se dedicaban a realizar por su cuenta actos de pillaje, de saqueo y aún robos en el campo. Sin embargo, los incontrolados fueron evolucionando y llegaron a formar bandas perfectamente organizadas, con jefes que realizaban acciones de terror en los campos y que, si alguna vez eran detenidos por la fuerza, habían de ser forzosamente absueltos por el Tribunal Popular. Las bandas de incontrolados estaban formadas, generalmente, por individuos que huían del frente por cobardía, y que con las armas de las milicias realizaban estos actos de pillaje y saqueo.

Hay que añadir que el jefe de los Servicios de la Comisaría (Eroles) ayudaba cuando era preciso a estos incontrolados, empleando la fuerza pública para protegerles y usando sus atribuciones para que estos llevasen a feliz término sus rapiñas por el campo. La tragedia de La Fatarella, que costó la vida a 50 campesinos vilmente asesinados por las Patrullas de Control es el máximo exponente de esa actuación (...) Eroles hizo muchas detenciones en masa. Todas ellas de elementos antifascistas, en su mayoría de la UGT, que eran detenidos por acusación de los antiguos caciques de la comarca, quienes lucían sus banderas rojas y negras y se pronunciaban como furibundos partidarios del comunismo libertario».

Lo cierto es que el consejero de Seguridad Interior, Artemio Aiguadé, de Esquerra Republicana, y su colaborador, Joaquín Dardalló, impedirían a Rodríguez Salas llevar a término su proyecto hasta el mes de abril de 1937. El informe es demoledor: «Estos incontrolados que estaban al servicio de la CNT-FAI, realizaron robos de un volumen fantástico (...) justificados por el órgano de la CNT, Solidaridad Obrera. Las patrullas de Control tenían cárceles y cementerios clandestinos, en los cuales había detenidos que eran fusilados según la decisión del jefe de las patrullas del distrito. Por el convento de San Elías han desfilado centenares de detenidos que han ido a parar a los cementerios clandestinos. Recientemente se descubrieron en el término de Sarriá, unos pozos conteniendo cadáveres. En los Comités de Defensa y en los locales de las brigadas de investigación de la Junta de Seguridad Interior, de la cual era secretario Aurelio Fernández, se han descubierto, asimismo, gran cantidad de cadáveres en descomposición...».

Me llegan noticias de que el diputado de la actual ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, quiere que los presupuestos de las Fuerzas Armadas de 2021 recojan una partida para desenterrar cadáveres de la Guerra Civil... ¿Serán éstos que citaban en su informe las autoridades republicanas obra de los socios anarco-sindicalistas de Esquerra Republicana de Cataluña y de su muy honorable «y leal» presidente Companys? Me temo que no.