El peligro de la “transpolítica”

El proyecto de «Ley Trans» de Irene Montero continúa la lógica de la legislación previa que ya está vigente en nuestro país. Como era de esperar, consagra lo que se llama «despatologización» del proceso de cambio de identidad de género. Según una antigua convicción de los transexuales, recogida como reivindicación por el «colectivo trans», esa identificación no es consecuencia de ninguna patología.

No haría falta, por tanto, cirugía, ni tratamiento hormonal, ni exigencia de ningún tipo para la reasignación. El proyecto viene también a garantizar que, en caso de ser necesarios, esos tratamientos, quirúrgicos o no, correrían a cargo de la Sanidad Pública. Los hombres trans podrían tener acceso, en su caso, a servicios de reproducción asistida, y se abre por fin la posibilidad de que los menores se sometiesen a tratamientos quirúrgicos y hormonales con o sin consentimiento paterno.

Siendo, como es, continuación de la legislación vigente, el proyecto podemita cambia la situación en un punto clave. Y es que lo que hasta ahora, en líneas generales y de forma a veces discutible, venía a solucionar un problema serio y grave, como es la llamada disforia o trastorno de identidad de género, se convierte en una puesta en cuestión de todo el régimen hasta ahora vigente de asignación de sexos.

Cambiar el modelo social

No se trata ya de que una persona pueda corregir una situación casi siempre dramática, porque afecta al núcleo mismo de su identidad. Ahora, para corregir esa disfunción hay que acabar con la idea misma de que existe un sexo biológico. Cuestión más paradójica aún si se recuerda que las personas trans, por lo menos hasta hace unos años, no vivían la identidad de género como una elección, sino como un destino (equivocado, en su caso) y distinguían minuciosamente lo femenino de lo masculino, hasta el punto de ser acusadas, en ocasiones, de llevar a lo paródico los rasgos propios (en realidad, estereotipos) de cada sexo. Más que un instrumento para encauzar e intentar solucionar problemas graves, así como aumentar el grado de tolerancia, el proyecto podemita parece un arma para cambiar un modelo de sociedad.

Este aspecto se percibe bien en la oposición que ha encontrado en grupos feministas, que ven cómo la obsolescencia del sexo biológico pone en cuestión lo que consideran avances en cuestiones como igualdad o maltrato. Aún peor será cuando el sexo biológico y sus consecuencias dejen de ser relevantes en aspectos como el deporte.

También es verdad que el feminismo radical que lleva a disociar el sexo del género y a deconstruir las identidades correspondientes ha abierto el camino a lo que se plasma ahora en este proyecto de «Ley Trans» (por no hablar de la cuestión delicada de los usos de espacios públicos en los que queda expuesta una cierta intimidad, ya sean baños o vestuarios).

Un problema dramático que la ley podemita abre sin ni siquiera intentar resolverlo era el de los niños y adolescentes con temas de disforia. Ya no estamos en los primeros momentos de experimentación, propios de hace unas cuantas décadas. Ahora se conocen bien los problemas que pueden provocar decisiones precipitadas o tomadas en condiciones de inmadurez, desinformación o apasionamiento. Es evidente que hay que tener en cuenta la gravedad del asunto, traducida en la alta tasa de intentos de suicidios de la población afectada, pero se podrían establecer fórmulas que paliaran en lo posible el problema sin comprometer el futuro. Nada de esto se contemplaba en el proyecto podemita, que juega frívolamente con la vida de personas indefensas.

Un problema menos dramático, pero no menos relevante, es el puramente político y cultural que ha planteado este proyecto de ley. Una parte del socialismo, incluidos algunos ministros, lo han acogido con hostilidad. No hay por qué dudar de su sinceridad, pero habrán de reconocer que no contradice el espíritu que ha inspirado los proyectos de cambio legislativo barajados por el propio Partido Socialista, como la reforma introducida en 2017, que hacía innecesarios los requisitos previos para la reasignación de género y su registro.

El proyecto podemita no puede ser acusado, eso sí, de no ser consistente también con la legislación promulgada por varias Comunidades Autónomas de uno y otro signo. La libre determinación de la identidad sexual no es por tanto patrimonio de un solo partido. Por eso tal vez la maniobra de Podemos tenga antes que nada objetivos políticos: promocionar su marchamo progresista ahora que su popularidad sigue desplomándose, y sobre todo llevar al PSOE a aceptar los postulados de UP. Se habla mucho de que Sánchez lleva la batuta en sus relaciones con Iglesias y los podemitas. Es posible que este proyecto signifique antes que nada un paso más en la vía de la podemización del socialismo español, con Sánchez en la figura del cazador cazado.