Carné digital antiporno: una ley clasificada X

El Gobierno quiere que pasemos de la masturbación a la menosturbación. El Ejecutivo está muy preocupado por los excesos de amor propio. Lógico. Todo lo que no sea entrega incondicional al Gran Timonel del Progreso es un desperdicio. Por eso, Escrivá, ahora ministro para la Transformación Manual, ha hecho una lista de páginas web que interrumpen ese canal de devoción al Puto Amo –expresión acuñada por Óscar Puente en un instante de paroxismo pasional bien invertido–.

En un alarde de brillantez, Escrivá, dispuesto solo a soltar borrones, ha ideado dar carnés de masturbación. Es muy democrático. Una persona, un carné. Un pajaporte, un führer. Aunque ya saldrá algún portal web del PSOE diciendo que el juez que investiga a Begoña Gómez tiene dos carnés de masturbación, quizá por ser agente doble. Lo raro es que el ministerio de Transformación Manual no haya decidido crear una especie de autoescuelas donde hacer test y prácticas antes del examen en Móstoles y la entrega del pajaporte. ¿Cómo conducirse por las webs porno sin un carné por puntos?

El miedo se ha extendido entre la población con la autoestima venida arriba. Son muchas las dudas que bloquean la centralita del ministerio de Escrivá. ¿Si no se gastan los 30 permisos presidenciales para la masturbación se puede acumular para el mes siguiente, como los megas de telefonía? ¿Si se supera el límite Escrivá y una persona olvida el sanchismo y se deja llevar por el discurso ultra, y va y se toca, puede irrumpir la Guardia Civil en el domicilio? ¿Se pueden regalar los permisos presidenciales de tocamiento a otra persona como las tarjetas de Netflix o Amazon, envueltas en papel celofán, con una moña pegada? ¿Censurará el Gobierno la frase del Quijote a Sancho «quítame allá esas pajas»?

Las dudas son muchas. ¿El sentido del lema electoral del PSOE en 2019, «Ahora sí», se refería a la masturbación controlada? Otros piensan que esto del carné es para purgar a algunos socialistas por sus salidas de tono. Como aquel malagueño que se presentó a las elecciones diciendo: «El Trabuco que tú quieres». O el socialista conquense y su eslogan de 4 de la mañana y sujétame el cubata que decía: «Cuenca pone al mundo mirando a Granada». Y el peor, el del rebelde manchego que se presentó con un «Con Page, en buenas manos». ¿Habrá condena a los golpistas inguinales, y luego una amnistía si Sánchez necesita sus votos?

El caso es que el Gobierno va a recopilar los datos de lo que hace la gente en su intimidad. El motivo es suplantar la autoridad de los padres, a los que se considera fracasados en sus tareas educativas, e impedir que los menores vean porno. El argumento para el Gran Hermano, el Ojo Que Todo Lo Ve, es que los menores no distinguen la ficción de la realidad, y que aprenden formas sexuales que les llevan a despreciar a otras personas y a cometer delitos. La intención gubernamental confirma aquello que dijo Isabel Celaá, perdida ahora en la Roma vaticana, en plan Audrey Hepburn pero sin encanto, de que los hijos no son de los padres, sino del Estado. Somos Esparta pero en modo «ecofriendly».

La medida del carné con treinta autorizaciones sanchistas para la masturbación es una «banalización de un problema muy serio como es el consumo de pornografía por parte de los menores de edad», nos dice Jorge Fernández, responsable de Lolatoys (lolatoys.com/es), una de las más importantes tiendas dedicadas al erotismo en España. La tarea de controlar a los menores en su intimidad, dice Fernández, es de los padres, no del Estado. No es posible, ni sano, estar todo el tiempo presente en la vida del adolescente, pero, dice, existen «herramientas de control como son los controles parentales, el bloqueo de dominios o de IPS», o incluso aplicaciones que se instalan en los dispositivos electrónicos. Pero la libertad se abre camino y los chicos saben más que los ratones coloraos.

Tampoco hace falta ser un hacker para saltarse los controles. Basta con tener un VPN extranjera o, simplemente, visitar webs porno que no estén alojadas en España. Incluso se puede suplantar la identidad y atribuir al abuelo –al del anuncio de Nocilla mismamente– un consumo de porno sin su conocimiento. La app de Escrivá «no constituye una solución metodológica o tecnológica definitiva, pues es relativamente fácil el engaño», nos dice Javier Puyol Montero, magistrado excedente y ex letrado del Tribunal Constitucional. «La suplantación de identidad» es «una solución relativamente sencilla de implementar», y esto «puede conducir a que dicho sistema termine siendo completamente inoperativo, al no poder garantizar de manera definitiva que no se va a producir el acceso de los menores de edad».

Es claro, no obstante, y como nos dice Javier Puyol, que si hay trabas se reducirá el consumo. Pero quizá sea intentar la matanza de moscas a cañonazos, cuando las moscas saben más que el cañonero. Esta es una verdad innegable. Entonces, si la app no va a servir, si la educación pública no funciona, si los padres son considerados unos fracasados, ¿para qué todo esto? Podríamos pensar que es para distraer la atención, y que no nos fijemos en el caso de Begoña Gómez y el Flautista de Badajoz.

La realidad es que un Gobierno con trazas autoritarias que no distingue lo público de lo privado, moralista hasta la trancas, va a recopilar datos de la intimidad de las personas. Es la pesadilla de cualquier amante de la libertad. Juan Ramón Rallo, economista y referente del liberalismo en español, nos dice que «legitimar al Gobierno a entrometerse en la vida de las personas es, en última instancia, legitimar al Gobierno para que dirija la vida de las personas». El sanchismo, añade Rallo, «puede crear un archivo de consumidores españoles de pornografía. Una información cuyo anonimato dice estar garantizando, pero con la que acaso trate de chantajear a otros rivales políticos, periodistas, empresarios o gente molesta en el futuro. Es una forma de espionaje legalizado que, si sale adelante, puede extenderse hacia otras áreas». Imaginemos lo que puede pasar si, como dijo el Fiscal General del Estado, consideran necesario «ganar el relato». Asusta.

¿Y el PP? ¿Qué opina de todo esto? Hemos preguntado a los populares porque son la alternativa al gobierno del PSOE. Noelia Núñez, madrileña del 92, sin tabúes, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, contesta que «un carné ‘‘español’’ anti porno no va a impedir nada». Es inútil. Tiene que hacerse en «el marco de la legislación europea y de manera conjunta». Si el problema son los menores –cierto–, y no los adultos, se está cometiendo una arbitrariedad. «Ningún gobierno –dice Noelia Núñez con talante liberal– debe meterse en la vida íntima de la gente. No solamente el gobierno va a tener los datos sobre el consumo de contenido para adultos, sino que también decide el número de accesos al mes». La perplejidad es compartida. «¿Quién es Escrivá para decir lo que un hombre o una mujer adulta puede hacer en su intimidad?», añade la popular. Noelia se viene arriba y remata: «Que no utilicen la buena causa de la búsqueda de la protección del menor para camuflar un intento de control absoluto y fiscalización de la vida íntima de los ciudadanos»

Vamos, que el llamado «pajaporte», además de risas, dudas y miedos, no deja de ser un intromisión en la intimidad de los adultos impropia de un Gobierno inteligente y eficaz que, además, no ha funcionado en otros países como Francia, EEUU o el Reino Unido. Como nos dice Javier Puyol, «se debe procurar la adopción de medidas que garanticen los derechos individuales de las personas» sin perjuicio de la libertad, y que, al mismo tiempo, «protejan a los menores de edad». Por supuesto, la solución sigue estando en nuestra mano.