El funcionamiento correcto y eficaz del poder judicial, separado e independiente de los otros poderes del Estado, viene a ser una de las primeras necesidades de cualquier sociedad, particularmente en democracia. Pero en realidad, a estas alturas, siguen presentándose para ello más obstáculos de los deseables. Para conocerlos y superarlos, el libro del juez Marchena, al que nos referimos en esta reseña, es un texto de plena actualidad, con gran valor didáctico; tan riguroso en su contenido como claro en su exposición. Un ejemplo de la calidad de su autor como jurista, y de su afán por contribuir a hacer comprensibles los desafíos, a los que se enfrenta hoy el poder judicial en España; según se señala en la faja publicitaria que aparece en la portada de la obra. Un libro digno de ser leído, que es aquel capaz de invitar al lector a la reflexión. Algo siempre útil en sí mismo, y además idóneo para inducirle a mejorar su conocimiento, sobre la materia de la que trata.

La recopilación de asuntos a abordar recoge todos y cada uno de los temas importantes de actualidad, en el ámbito de la administración de justicia en España. Son cuestiones con una trayectoria histórica, más o menos dilatada, que empiezan por las más candentes como el ministerio fiscal; su independencia ¿deseo o posibilidad?; la figura del fiscal general y su más o menos obligada subordinación a quien le nombra… A continuación asoma la clase política y sus privilegios. La exposición en lo que se ha dado en llamar “pena de telediario”, para los sometidos a procedimiento penal, en alguno de sus pasos. ¿Qué decir de la violencia de género, aparentemente imparable? La aplicación de la justicia ante la realidad, como espectáculo. La acción popular y sus posibilidades frente a las carencias institucionales. El delito de odio, con tanta repercusión mediática. La percepción distorsionada de la actuación de la justicia … etc.

Época triste

Situaciones, casi todas, en las que justicia y política se mezclan de manera desdeñable. Uno de los temas que, a mi parecer, entraña un evidente grado de politización, socapa de reforma, para acercar la justicia a los ciudadanos, y supuestamente mejorar la calidad del poder judicial, es el del reforzamiento del jurado popular. Sobre este aspecto habría que evaluar ventajas e inconvenientes de cada uno. Los partidarios del jurado compuesto por cualesquiera personas que cumplan los requisitos básicos, entre ellos saber leer y escribir y no estar sujeto a ningún motivo de incapacitación, muestran más entusiasmos que argumentos sólidos a favor de este “avance”.

Agotando el planteamiento sería lógico, igualmente, sustituir a los cirujanos por personas carentes de capacitación previa para llevar a cabo una intervención quirúrgica. Los profesores de matemáticas, por ejemplo, serían sustituidos por ciudadanos sin conocimientos demostrados en este campo; y lo mismo se haría con los pilotos de avión, los capitanes de barcos, etc. Ahora se anuncia una nueva batalla, para debilitar y dividir al poder judicial y a la opinión pública, mediante el ingreso en la función judicial de un elevado número de aspirantes, que no deberán superar las pruebas habitualmente establecidas. En este ahora y en esta España siguen resonando, con toda vigencia, las palabras de Einstein: “¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”.

Completan el catálogo de materias a tratar en las páginas de esta obra, cuestiones tales como: la prisión permanente revisable. Las nuevas tecnologías. De Internet a la robótica; la frontera entre justicia humana e Inteligencia Artificial. Por el momento, los jueces parece que no mejorarían su función siendo más ignorantes, ni convertidos en robots. Finalmente se pasa revista a los debates sobre una institución decisiva para el gobierno de los jueces: el Consejo General del Poder Judicial; aunque sus miembros, ni personifican a éste, ni son su elemento definitorio.

Conviene insistir en la trascendencia de la justicia, no sólo en el dominio teórico, sino en su aplicación cotidiana. Si las virtudes teologales, Fe, Esperanza y Caridad nos relacionan con Dios, y conforman el dominio de la moral; las cuatro cardinales: Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza, serían aquellas que se proyectan necesariamente, en las relaciones entre los hombres. Diderot, incluso, defendía que, entre éstas, la justicia era la única virtud. En la práctica, como decía Azorín, pura y limpia de egoísmos, es una cosa verdaderamente rara, tan espléndida que “cuando una porción de ella, por mínima que sea, desciende sobre el mundo, los hombres se llenan de asombro”. Habremos de aceptar que vivimos en un contexto poco favorable a la justicia, entendida como virtud suprema, basada en la verdad; pues simultáneamente, en la vida política, se proclama el engaño como valor superior.

Cabría señalar también que la justicia está amenazada por la exigencia extraordinaria que sobre ella gravita, y cuya aplicación se resuelve entre la demanda, al límite de la perfección, y el conjunto de obstáculos, que se le oponen. Hoy principalmente los derivados de dos enemigos difíciles de combatir, las injerencias arbitrarias o ilegales del Estado y las rémoras de la ignorancia ciudadana. A propósito de estas anomalías bien pudiéramos recordar las palabras de W. Lippam cuando advertía: “en una sociedad libre el Estado no administra los asuntos de la gente. Administra la justicia entre los hombres, que se ocupan de sus propios asuntos”.

Pero la ignorancia facilita la manipulación de la sociedad y su sometimiento a prácticas institucionales indeseables. En esa coyuntura, la justicia, y con ella la libertad, los dos pilares que soportan cualquier sociedad democrática, tienden a quebrar. Y si esto ocurre, como escribía A. Camus “si el hombre fracasa en conciliar ambas, fracasa en todo”. Lo mismo podría decirse de la sociedad y del Estado.

El Derecho no es una ciencia exacta y la aplicación de la justicia deviene, por tanto, un ejercicio imperfecto, aunque el error judicial se señala de forma indeleble. Como en todos los colectivos habrá jueces que desempeñen mejor su labor y otros peor, desde todos los puntos de vista. Pero ante cualquier síntoma de funcionamiento inadecuado del poder judicial, las descalificaciones generales, hacia la administración de justicia, suelen ser especialmente agresivas, en esa situación resulta fácil promover enfrentamientos de “la opinión pública” contra el conjunto de juristas encargados de ejercer el poder judicial. Algo que desde los partidos políticos, incluso desde el gobierno, se trata de aprovechar con fines espurios.

Una cosa es que la aplicación de la justicia responda, en mayor o menor medida, a los valores dominantes en una sociedad (ahí radica su historicidad, o sea su carácter humano) y otra que sea dictada al servicio de cualquier fuerza, detentadora del poder, en sus diferentes formas: político, económico, ideológico, ... por ejemplo cuando a los principios irrenunciables de legitimación del derecho se tratan de imponer otros, de carácter incluso contradictorio, bajo expresiones pretendidamente progresistas y eufónicas, como “discriminación positiva”, “igualdad promocional”… Resulta fácil entonces promover, no la crítica más o menos fundamentada y razonada, sino la descalificación de los jueces en un país al que le cuesta demasiado creer en la administración de justicia, en un contexto de hostigamiento político. Sometido el poder judicial a la erosión propia de la demagogia, a través de la desinformación y la manipulación, perniciosa manera de debilitar la democracia. Me atrevería a defender que los jueces, al menos en su inmensa mayoría, no han tratado de convertirse en protagonistas de un conflicto que no han provocado. Sería fácil señalar a algún magistrado defensor de cierta teoría del derecho, francamente rechazable. Pero no estaríamos hablando de miembros del poder judicial, sino de otra instancia constitucional.