El juez Marchena: "Mi toga está impoluta. Manchársela con el polvo del camino no es inevitable"

Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo (TS), está en la retina de muchos españoles por su papel como presidente del tribunal en el juicio del "procés" a los líderes independentistas catalanes. El expresidente de la Sala Penal presenta ahora un libro, "La justicia amenazada" (Espasa), en el que aborda desde la desconfianza ciudadana hacia la Justicia hasta la necesaria independencia del fiscal general, pasando por la crisis del Consejo General del Poder Judicial y por el blindaje que el aforamiento brinda a nuestros políticos.

Con un lenguaje asequible, alejado del demasiado a menudo estilo farragoso de las resoluciones judiciales, Marchena asegura en su obra que el trabajo de los jueces "no siempre se desarrolla en condiciones que garanticen su independencia", por la tentación de los políticos a intentar socavar los mecanismos constitucionales para "el control democrático de sus decisiones".

En respuesta a LA RAZÓN, Marchena asegura que "una sociedad no puede sobrevivir si no confía en los jueces" y anticipa que hay todavía "mucho que hacer para reforzar la autonomía" del fiscal general, aunque no se muerde la lengua respecto a la reforma del Ministerio Fiscal: "No son buenos momentos para el cambio de modelo".

Al magistrado, según dice, no le quitan el sueño las sentencias del Tribunal Constitucional -la última y una de las más sonadas, la anulación de las condenas por el fraude de los ERE- que cuestionan las resoluciones del Tribunal Supremo. "No interpreto como un "revolcón" ninguna sentencia del Tribunal Constitucional", señala al respecto.

La Justicia amenazada. ¿Por quién?

Está amenazada, a mi juicio, por todas las disfunciones que han contribuido a perturbar el normal funcionamiento de la justicia. La crisis del Consejo General del Poder Judicial, que creó un agujero en las plantillas del Tribunal Supremo; la profunda crisis del Ministerio Fiscal, con un escenario inédito en la historia; la acción popular profesionalizada por partidos políticos y por quienes se distancian de los principios que legitiman la participación ciudadana en la Justicia. Y, de un modo muy singular, el trabajo de los jueces se ve amenazado cuando responsables políticos manejan el vocablo "lawfare" y lo hacen con absoluta naturalidad, como si fuera cierto.

¿La amnistía es una amenaza?

La Ley de Amnistía es sólo un texto legal que ha de ser interpretado por los jueces. Y así lo hemos hecho. Hemos entendido que el delito de malversación de caudales públicos no está abarcado por la ley y que el resto del articulado plantea fundadas dudas de constitucionalidad.

En su libro da la voz de alarma. ¿Es más necesario que nunca ante la sucesión de ataques a los jueces?

Permítame un matiz. Yo no he pretendido, en modo alguno, dar una "voz de alarma". Sólo he querido escribir un libro en el que vuelco mi visión sobre algunos de los grandes problemas de la administración de justicia y hacerlo a partir de mi experiencia de más de cuarenta años de ejercicio profesional.

Las acusaciones de "lawfare", ¿hieren de muerte la credibilidad ciudadana en la Justicia?

Este es el gran problema. Esas acusaciones hacen un daño irreparable a la Justicia. He dicho en muchas ocasiones que una sociedad no puede sobrevivir si no confía en los jueces, en aquellos que están dedicados a resolver con profesionalidad e independencia los conflictos sociales. Y, por supuesto, ese calificativo en boca de responsables políticos trasciende nuestras fronteras y llega a instancias europeas e internacionales.

La investigación al fiscal general, a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno, ¿demuestra que la Justicia funciona?

Yo no haría depender la valoración del funcionamiento de la Justicia de alguna de las causas penales que usted menciona. Cada año son millones de procesos que se tramitan en nuestro país. La normalidad en el funcionamiento de la justicia depende de otros factores.

¿De quién depende el fiscal general?

Al fiscal general del Estado lo nombra el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Eso dice la Constitución. La ley ordinaria ha añadido un paso previo del candidato por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. El problema radica, claro es, en cómo se entienda el grado de dependencia derivado de ese nombramiento. A mi juicio, el nombramiento gubernamental no debería ser entendido como la obligada e incondicional subordinación a las directrices del Gobierno. Pero esto lo pienso ahora y lo he pensado siempre. Lo hago, además, con la legitimidad que me da ser fiscal de carrera y haber trabajado en el órgano de asesoramiento de cuatro fiscales generales, dos de ellos propuestos por un gobierno socialista, otros dos por un gobierno del Partido Popular.

¿Desligar su mandato y el del Gobierno reforzará la imagen de independencia?

Estoy seguro de que habrá mucho que hacer para reforzar la autonomía funcional del fiscal general del Estado. Pero, créame, me da la impresión de que no son buenos momentos para el cambio de modelo del Ministerio Fiscal.

¿Mancharse la toga con el polvo del camino es inevitable?

Mi toga está impoluta. No es inevitable.

Tras el revolcón por las condenas de los ERE. ¿Tiene pesadillas con el Tribunal Constitucional?

Jajajajaja. Yo no interpreto como un "revolcón" ninguna sentencia del Tribunal Constitucional. Y le aseguro que duermo como un bendito.

En España los aforados son legión. ¿Son vestigios del caciquismo contra el que clamaba Joaquín Costa?

El origen del aforamiento -lo explico en el libro- no se vincula al caciquismo. Fueron los constituyentes de Cádiz, en 1812, cuando decidieron blindarse por las opiniones que habían vertido en los debates parlamentarios. Fernando VII estaba en Bayona y los diputados no sabían cómo iba a respirar cuando volviera. La cuestión es si esa justificación histórica sigue estando vigente. A mi juicio, la inviolabilidad parlamentaria por las opiniones expresadas y los votos emitidos es intocable. El hecho de que tengan que ser enjuiciados en el Tribunal Supremo es también una exigencia constitucional. Cuestión distinta es que al amparo de ese momento histórico el legislador haya hecho posible la existencia de una pléyade de aforados cuya singularidad no está debidamente justificada.

¿Se sentiría tranquilo si le juzgase un juez robótico?

Desde luego que no. La justicia de un juez robótico es puramente estadística. Resuelve conforme a los precedentes que alimentan su algoritmo. Además, ¿cómo me defiendo ante una condena cuando el índice de acierto de algunos de esos algoritmos se sitúa en el 97,3 %? y ¿cómo controlo los sesgos que hayan podido contaminar el proceso informático de valoración probatoria?

¿Está herido de muerte el CGPJ tras el desgaste por su renovación?

Lo ha estado, pero aprecio visibles momentos de recuperación. Se van cubriendo las plazas vacantes y me consta el compromiso de su presidenta con esta nueva etapa. El hecho de que ella fuera nombrada por el acuerdo de los vocales le confiere una legitimidad de origen que, estoy seguro, sabrá perfectamente hacer valer. Creo también que la disponibilidad en la negociación entre los distintos vocales rendirá buenos frutos. Deseo que las dos presidencias del Tribunal Supremo todavía vacantes sean pronto cubiertas.

Estuvo usted a un wasap de presidir el CGPJ, ¿qué lección aprendió de esa experiencia?

Que nadie puede jugar con mi dignidad profesional.

Como aficionado a la fotografía, ¿qué foto le queda por hacer en el Tribunal Supremo?

La verdad es que lo he fotografiado desde prácticamente todos los rincones. Es un edificio magnífico, cargado de historia.

¿A quién no le gustaría ver nunca en el banquillo?

Jajajajaja. Ningún juez puede seleccionar a sus investigados o enjuiciados.