La coalición Por Andalucía ha dado un paso más en su ofensiva contra la tauromaquia con la presentación de una proposición de ley en el Parlamento andaluz que busca prohibir la asistencia de menores de edad a las corridas de toros en toda la comunidad. La iniciativa llega en un contexto especialmente significativo, pocos días después de la entrada en vigor del nuevo reglamento taurino aprobado por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, que refuerza el papel institucional de la tauromaquia en la región.

Según el texto presentado, la proposición contempla la inclusión expresa de un artículo que prohíba a los menores de 18 años asistir a espectáculos taurinos en las plazas de toros. Además, plantea la obligación de instalar carteles visibles dentro y fuera de los cosos que adviertan de que el espectáculo “puede herir la sensibilidad de las personas”. El incumplimiento de esta norma sería considerado falta grave, con sanciones económicas que oscilarían entre los 30.050,61 euros y los 601.012,10 euros.

La propuesta se fundamenta en un informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que recomienda que los menores no participen ni como toreros ni como público en espectáculos de tauromaquia, con el objetivo de “prevenir los efectos nocivos para los niños”, recomendación que, en realidad, no hizo la ONU sino una comisión externa que no es vinculante.

La iniciativa se enfrenta a un contexto legislativo poco propicio: el Partido Popular ostenta la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz y ha demostrado en los últimos meses una política decididamente favorable a la tauromaquia. Además del nuevo reglamento, que entró en vigor este lunes, la Junta apoya las retransmisiones taurinas a través de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), incluyendo la emisión de tres festejos desde la próxima Feria de Abril.

Por Andalucía, sin embargo, insiste en que el objetivo de la norma no es coartar una tradición, sino proteger los derechos de la infancia. La medida, en todo caso, reabre el debate sobre los límites de la protección de menores frente a la libertad cultural y la autonomía de las familias en la educación de sus hijos. La proposición deberá superar ahora los trámites parlamentarios en un escenario en el que la mayoría del PP puede frenar su avance.