10.000 millones peligran si España no garantiza la sostenibilidad de las pensiones

España se juega 10.000 millones de euros correspondientes al cuarto tramo de ayudas europeas si fracasa en el cumplimiento de los hitos de reforma de las pensiones a los que se ha comprometido. Unos hitos que levantan ampollas en la coalición de Gobierno, en particular por la negativa inicial de Podemos a aceptar la ampliación del periodo para el cálculo de la pensión, al que también se oponían los sindicatos.

Cualquier paso atrás en estas reformas, que forman parte de los 58 compromisos incluidos en esta fase, implicará una penalización que podría congelar el desembolso de esos 10.000 millones, según ha reflejado la Comisión Europea en el documento publicado hoy en el que la institución detalla los criterios que aplicará para afrontar los pagos de los fondos de recuperación en el caso de que los socios no cumplan parcialmente los compromisos.

"No cumplir una reforma fundamental de un plan (de recuperación) costará mucho, como debe ser", indicaron fuentes comunitarias al ser preguntadas en particular por el caso de la reforma de las pensiones en España, según recoge Efe.

La cuantía de cada desembolso se reduciría en función del número de hitos no completados en una cantidad para cada uno de ellos igual a la división de todos los fondos asignados por país (España, por ahora, 69.500 millones) entre total de hitos y objetivos del plan (415 en el caso del plan español).

A la cuantía resultante se le aplicarán una serie de correcciones, la máxima de las cuales está prevista para aquellos compromisos "relacionados con la entrada en vigor de una reforma o el paso final para la implementación de una reforma no legislativa".

En esos casos, el resultado de la división anterior se multiplicaría por cinco para reflejar que "no todas las medidas contribuyen de igual forma a la consecución de los objetivos de un plan nacional de recuperación", explicó la institución en un comunicado.

Tres de los cuatro hitos que forman parte de la reforma de las pensiones y están incluidos en el siguiente pago se encuentran en esta situación: la extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, el mecanismo de equidad intergeneracional y la ampliación de la base máxima de cotización. El cuarto compromiso es la publicación de un informe en el que se demuestre la sostenibilidad del sistema.

La Comisión Europea podría aumentar la sanción en el caso de que los incumplimientos condicionen reformas "de importancia particular" como es la reforma de pensiones en España.

Pero el Gobierno cuenta con la baza de que la prórroga de seis meses que otorga la Comisión Europea para aprobar esas reformas antes de perder para siempre el acceso a esos 10.000 millones.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, rebajó su ampliación de máximos a 35 años en el periodo de cálculo ante las resistencias sindicales y planteó a finales del pasado año una extensión progresiva del periodo de cómputo de los actuales 25 años hasta los 30, pudiendo elegir los mejores 28 años, descartando así los dos peores años de la carrera laboral.