La Audiencia investigará también a Abengoa y Deloitte por una posible estafa a los inversores

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investigará también la posible comisión de un delito de estafa de inversores por parte de Abengoa y Deloitte tras ampliar el objeto de su investigación sobre la supuesta alteración de las cuentas de la multinacional española de 2014 a 2016 con efectos perjudiciales para sus socios y accionistas. El magistrado ha admitido la solicitud formulada por la plataforma de Perjudicados de Abengoa de ampliar la querella contra las dos entidades mencionadas, así como contra las consejeras y miembros de la Comisión de Auditoría Mercedes Gracia y Alicia Velarde, y contra el socio responsable de la auditora Manuel Arranz, en estos tres casos tanto por el delito de estafa de inversores como por el de falsedad contable.

La querella que dio origen a este procedimiento se admitió en febrero de 2017 contra el ex presidente de la compañía Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega. En ella, el juez investiga si las óptimas cifras que reflejaban los estados financieros de Abengoa y su desahogada situación patrimonial y financiera difundida por sus administradores con anterioridad a su colapso financiero (que en noviembre de 2015 les llevó a presentar la solicitud de preconcurso) eran o no contrarias a la realidad financiera y económica de la compañía.

En su informe previo sobre la admisión de la querella, la Fiscalía consideró que existen indicios bastantes como para considerar la existencia de una posible alteración contable con efectos perjudiciales para sus socios y accionistas, al menos de las cuentas de Abengoa de los ejercicios 2014 a 2016, así como de determinadas sociedades dependientes (Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía). Para el Ministerio Público “a pesar de las dificultades y obstáculos que se han ido planteando para recabar la documentación que parece apuntar en la señalada dirección, existen datos indiciarios reflejados en el informe pericial aportado por la parte querellante de los que se colige la sistemática ocultación de sustanciales pérdidas (deterioros) de sus activos así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas que han determinado una notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad".

El juez se basa en el informe aportado por la Plataforma de Afectados elaborado por el economista y auditor de cuentas Juan José Silva, que apunta a una “sistemática ocultación de sustanciales pérdidas (deterioros) de los activos, así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas que han determinado una notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad Abengoa”.

Igualmente se recoge la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de 20 de febrero de 2018 que sancionó a la auditora Deloitte y su socio Manuel Arranz y que puso de relieve la existencia de supuestas irregularidades que habrían afectado a la imagen fiel que Abengoa trasladaba al mercado en sus cuentas del ejercicio 2014 “con el aval de la coquerellada Deloitte”. También hace referencia el magistrado a los informes aportados por la Abogacía del Estado en un procedimiento arbitral instado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo.

Una vez examinados los documentos y la ampliación de la querella, el juez Moreno advierte indicios para considerar a Abengoa, Deloitte y a los tres directivos reseñados como supuestos responsables de una “grave alteración y presunta falsedad de la realidad económica-financiera y patrimonial que se ocultó a los miles de inversores que decidieron invertir sus ahorros en la compañía”. Esta situación, según el instructor, llevó a “representarse una realidad diametralmente distinta a la verdadera, hasta el punto de que donde había expectativas de beneficios y dividendos en verdad había pérdidas de tal magnitud que se hizo insostenible viéndose obligada a reconocer su situación de insolvencia, de la que solo pudo salir con quitas de hasta el 97 por ciento y esperas de diez años”.

Asimismo, señala una supuesta ocultación “sistemática” de “sustanciales pérdidas de sus activos”, así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas que han determinado una notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad. Unos hechos que podrían suponer, añade, la comisión de delitos de falseamiento de cuentas y estafa de inversores, tipificados en los artículos 290 y 282 bis, respectivamente, del Código Penal. En relación al primero, recuerda que la ley impide imputar este delito a las personas jurídicas, por lo que atribuye este tipo penal únicamente a las personas físicas.

El juez pide ahora diversa documentación tanto a Abengoa como a Deloitte y cita a declarar a cuatro testigos.