Ábalos prepara una ley contra las concursos inmobiliarios “low cost”

Siguiendo la estela de Francia y Lituania, el Gobierno de España prepara una Ley de Arquitectura que prime la alta calidad de los proyectos en los concursos públicos y acabe con la práctica de elegir los más baratos o “low cost”, lo que lleva como poco a llenar las ciudades de edificios anodinos. Al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige el socialista José Luis Ábalos, han llegado ya las primeras propuestas de los arquitectos que defienden que calidad no significa mayor coste, sino dar la respuesta adecuada a las necesidades de la sociedad que va a utilizar ese edificio, a un coste razonable. “La calidad en arquitectura para nada significa coste”, sostiene el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón, en una entrevista con Efe.

El incipiente borrador de “Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido” persigue dos objetivos: garantizar la calidad en todas las actuaciones de obra pública y que eso se pueda hacer en unas condiciones justas para los profesionales. En este punto, el documento, al que ha tenido acceso Efe, habla de promover una “adecuada remuneración de los profesionales, acorde con una prestación de calidad”. Para primar las propuestas de calidad, los arquitectos creen que la ley debería potenciar la fórmula de los jurados, ya que, a su juicio, en las mesas de contratación faltan miembros con capacidad para prever, a partir de la oferta, qué edificio va a quedar y, por tanto, para evaluar cuál es la mejor opción.

Aunque la ley de contratos del sector público ya permite los concursos a doble vuelta, consideran que la nueva norma debería impulsarlos, entre otras cosas porque permite un mayor desarrollo de los equipos seleccionados. “Es un despropósito que, cuando hay setenta u ochenta participantes, se les pida a todos un gran esfuerzo de definición del proyecto. Es un esfuerzo que no se pueden permitir los arquitectos ni el país, mientras que cuando es a dos vueltas al grupo de participantes seleccionados sí se les puede pedir ese incremento de definición del proyecto que permite que el jurado escoja mejor”, explica Comerón. Ese esfuerzo de definición en la segunda vuelta es el que piden que esté “proporcionalmente compensado y remunerado”.

El ejemplo catalán

Cataluña es la única comunidad que cuenta (desde 2017) con una Ley de Arquitectura y en ella los concursos a dos vueltas son obligatorios para proyectos a partir de 60.000 euros, los cuales se remuneran. Un sistema que excluye a los arquitectos más jóvenes, según ha denunciado recientemente la Associació d¿Arquitectes per l¿Arquitectura (AxA), por lo que el borrador que maneja el ministerio habla de garantizar la “proporcionalidad de las exigencias a los candidatos en las primeras fases de licitación”. Comerón cree que todavía es pronto para evaluar la ley catalana, pero confirma una “cierta tendencia a que las administraciones vayan asumiendo que un concurso no es simplemente un proceso de licitación, sino que es algo mucho más trascendente, porque es tomar decisiones sobre algo que va a ser importante sobre la vida de ese municipio durante dos o tres generaciones”.

Y no solo las administraciones, también lo percibe en la sociedad, donde dice que ha apreciado cambios importantes en los últimos años de percepción de la habitabilidad, el acceso a una vivienda digna y adecuada, la calidad de los espacios públicos, los factores de salud y medioambientales y el sentimiento de orgullo y pertenencia a una ciudad o un entorno. En esa línea, la ley de vivienda que aprobó Extremadura en 2019 declara de interés público la creación arquitectónica e incluye como uno de sus objetivos básicos divulgarla e impulsarla.

Francia, el ejemplo

Algo que Francia empezó a hacer en 1977, con una Ley sobre Arquitectura que ya declaraba esta actividad de interés público y que, una vez modificada en 2016, se ha convertido en el motor de esta legislación en Europa. Después de que Lituania se alzara en 2017 como segundo país con una norma que protege la calidad, otros gobiernos como el español, el italiano y el portugués, se han puesto a trabajar en ello. El ministro Ábalos, que ha prometido presentar su ley este año, podría situar a España como el tercer país europeo que huye de los concursos ‘low cost’ y pone en valor la arquitectura como elemento clave en la calidad de vida de las personas.