Por qué la cesión al País Vasco de la Seguridad Social es “el principio del fin”

El traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco ha levantado una inminente ola de reacciones. Este acuerdo, tratado en una segunda reunión de trabajo entre el nuevo Gobierno PSOE-Podemos y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), recoge una treintena de competencias -además de la de la Seguridad Social-, incluidas en el Estatuto de Autonomía. Efectivamente, resulta ser la primera vez en la historia de España que el Ejecutivo central acepta transferir la gestión económica de la Seguridad Social. Un acuerdo más abucheado que alabado. En el supuesto de que verdaderamente se cumpla este traspaso de competencias, ¿hablaríamos pues de una brecha en el edificio de la solidaridad del Estado?

Según los letrados de la Seguridad Social, esta gestión, en el caso de llevarse a cabo, “supondría el comienzo de la ruptura de la solidaridad del sistema y de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional”. Asimismo, este colectivo reivindica el papel que juega aquí la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, la cual parecen haber pasado por alto tanto un partido como el otro. “Es necesario que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo delimite los principios básicos a los que debe someterse el proceso”, y lo aborde al margen de las cuestiones políticas y con el “imprescindible consenso de todos los ámbitos de responsabilidad implicados”, advierte el cuerpo de Letrados.

Una postura similar a la que se ha ligado el expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar, quien asegura que este acuerdo es “el principio del fin” de la “solidaridad entre los españoles”, dado que supone un paso más en el “proceso de desmantelamiento y debilitamiento de la nación española”. Según explican los Letrados, la decisión de transferir las prestaciones “afecta de lleno a las previsiones del artículo 149.1.17 de la CE que otorga la competencia exclusiva al Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social”. Asimismo, mencionan al Tribunal Constitucional y a la propia Constitución para sostener que la Seguridad Social es un sistema “único y unitario para todos los ciudadanos”, que debe asegurar “la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes”.

Por el momento, según las partes implicadas en el acuerdo, el traspaso de la gestión de la Seguridad Social se realizaría entre junio y diciembre de 2021. No obstante, parece que para la formación política vasca no es suficiente, ya que según fuentes del PNV la gestión económica de la Seguridad Social consiste en que el País Vasco “recaude las cuotas, haga los pagos y lleve los flujos” y, ha puntualizado, que la carta con la nómina de las pensiones “debería llegar con el escudo del Gobierno Vasco o de las instituciones vascas”. Ante esto, mejor no pronunciarse, comportamiento por el que ha optado el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, quien indica que “hay que leer la letra pequeña” y señala también, que hasta que no conozca los pormenores del acuerdo no puede “pronunciarse al respecto”.