Nadie sabe cómo aplicar las medidas del Gobierno

Miles de grandes empresas, pymes, micropymes y autónomos preparan ya expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) para sus plantillas, tanto por causas mayor como por causas comunes. Sin embargo, las asesorías y gestorías que gestionan estas bajas están a la espera de que el Gobierno concrete las medidas extraordinarias del plan de choque para poder iniciar los trámites. En estos momentos, “todo es un caos. No sabemos qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, porque no nos han indicado cuáles son los cambios normativos que debemos aplicar a cada caso”, asegura a LA RAZÓN el representante de una de los despachos laboralistas más importantes de Castilla y León, que mantiene “parados cientos de ERTE a la espera de que nos aclaren la situación”. De momento, la mayoría de bajas se está centrando en los trabajadores que se encuentran en periodo de prueba, ya que su despido no requiere de indemnización, uno de los puntos clave que debe aclarar el plan de choque. El Ministerio de Trabajo debe determinar quién se hace cargo de las indemnizaciones por despido, si va a ser una responsabilidad conjunta o lo Estado lo asumirá. Si finalmente recayera en las empresas, se tiene que determinar si estas indemnizaciones serán reembolsadas con carácter retroactivo o será el Estado quien lo abone en el futuro.

Esta desinformación ha provocado el desconcierto y la preocupación entre empresas, autónomos y profesionales laboralistas, que se ven incapaces de tramitar las solicitudes para beneficiarse de las ayudas prometidas, además de tener paralizados miles de expedientes de regulación de empleo, bajas y despidos, a la espera de que el Gobierno oriente en este sentido. Y esta situación podría verse agravada hoy cuando se incrementen exponencialmente el volumen de oepraciones burocráticas una vez que el Gobierno apruebe oficialmente estas medidas tras el Consejo de Ministros. Las principales asociaciones del sector, como la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios (AEAFT) y la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), han advertido a sus asociados de esta circunstancia y han solicitado al Gobierno que “facilite todos los medios a su alcance para evitar que el sistema colapse”.

La mayoría de las medidas económicas que se pondrán en marcha hoy ya han sido adelantadas en su mayoría por el Ejecutivo, pero en ningún momento se ha trasladado información sobre las fórmulas para acceder y tramitar este plan. Infinidad de preguntas surgen en este momento de impás, pero cinco son las principales:

• ¿Dónde deben solicitarse las ayudas económicas para insuflar liquidez a las empresas en problemas? ¿Se tramita todo a través del ICO?
• ¿Qué documentación concreta hay que presentar?
• ¿Qué tiempo tarda la Administración en aprobar las solicitudes? ¿Y cuánto en recibir la inyección de liquidez en las cuentas de empresas y autónomos?
• ¿Hay que presentar un calendario de devoluciones?
• Si la situación se mantiene, ¿se puede variar el calendario de pagos?

Los despachos de gestión laboral acumulan ya miles de peticiones de bajas y despidos, y los sindicatos tienen las centrales telefónicas colapsadas por la avalancha de consultas para que “alguien les explique cuáles son sus derechos y qué trámites tienen que seguir. Ni siquiera nosotros podemos decirles algo concreto, porque tampoco lo sabemos”, explicaron a LA RAZÓN fuentes sindicales. El cierre de las oficinas del Servicio de Empleo, de la Agencia de Tributaria y de la práctica totalidad de servicios presenciales de las Administraciones Públicas ha complicado aún más la situación, aunque desde estas instituciones se ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad: el real decreto del estado de alarma aprobado por el Gobierno dejó suspendidos todos los plazos administrativos, por lo que todos los ciudadanos y contribuyentes no deben preocuparse si tienen algún trámite pendiente.