Iglesias toma el control de la renta mínima para tratar de aprobarla la próxima semana

El Gobierno tratará de poner en marcha de manera urgente un Ingreso Mínimo Vital Puente (IMVP) para garantizar que las personas más vulnerables cuenten con ingresos con los que poder afrontar la crisis derivada de la epidemia del coronavirus. Ante las diferencias existentes en la propia coalición en torno a la articulación de una renta mínima permanente, el coste que tendría en las actuales circunstancias y los choques que ello desencadenaría con algunos gobiernos regionales, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y los titulares de Trabajo y de Seguidad Social, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, han dado forma a esta renta mínima transitoria –vinculada al Covid-19– con el objetivo de que vea la luz de forma inminente. Su aprobación, no obstante, no se concretará en el Consejo de Ministros de hoy, tal y como reconocen fuentes del Ejecutivo de coalición a LA RAZÓN. El objetivo con el que trabajan es que sea la próxima semana. Se trata, además de una medida sobre la que, a partir de ahora, toma el control total el vicepresidente Iglesias.

En su reunión de ayer con los sindicatos, Iglesias, Escrivá y Díaz situaron como gran prioridad la puesta en marcha de este Ingreso Mínimo Vital Puente. Esta medida no supone que el Ejecutivo de Sánchez renuncie a la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital con carácter general y permanente: «Las garantías técnicas y el alto grado de consenso político, social e institucional que requiere el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital permanente podrían implicar un plazo aproximado de tres meses para su aprobación», añaden desde el departamento de Derechos Sociales. La renta mínima extraordinaria por el Covid-19 permanecería vigente hasta la aprobación del IMV definitivo.

El Gobierno ha tenido que decidirse por esta tercera vía ante la imposibilidad de lograr un acuerdo general entre todas las comunidades autónomas, que son las que asumen las competencias de este tipo de medidas de protección social. El vicepresidente Iglesias ha presionado hasta la saciedad tanto a Escrivá, como a Nadia Calviño y al propio presidente Sánchez para que se aprobara cuanto antes, como ya adelantó LA RAZÓN. Y parece que está a punto de lograrlo, aunque con una solución intermedia. Ha sido el propio ministro Escrivá el que trasladó a Iglesias que los problemas técnicos y legales impedían la aprobación inmediata de un IMV. Tras las discretas reuniones que ha mantenido las últimas dos semanas con la mayoría de consejeros de las autonomías, llegó a la conclusión de que necesitaría mucho tiempo para concertar un acuerdo definitivo que evitara duplicar o solapar subsidios y competencias que ya tienen incorporadas estas regiones, y que benefician a personas en riesgo de exclusión a través de sus servicios sociales. Por ello, ha decidido esperar para no tensar la cuerda de las ya deterioradas relaciones con algunas comunidades, en poder de fuerzas nacionalistas o del PP.

Una vez que el Ministerio de Seguridad Social comunicó a Asuntos Sociales que la aplicación de esta nueva prestación se iba a demorar varios meses en el tiempo, Iglesias decidió presentar una alternativa con este Ingreso Mínimo Vital Puente, que estará operativo de forma provisional hasta que sea aprobada la renta mínima vital definitiva que, como ya ha advertido Seguridad Social, no será posible antes del verano. Asuntos Sociales ultima ya esta nueva prestación, a la que sólo le faltan unos flecos antes de que pueda presentarse al Consejo de Ministros. Aunque no ha trascendido la cuantía definitiva que será aprobada para esta renta mínima provisional, la cantidad que percibiría cada beneficiario nunca sería inferior a los 431 euros aprobados para el subsidio extraordinario por fin de contrato temporal. Seguridad Social estaba barajando decidirse por una cantidad intermedia entre dos indicadores: el Iprem –el de referencia para la concesión de las ayudas públicas–, situado en 548,6 euros y que está pendiente de actualizarse este año, y el Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 950 euros. Según Asuntos Sociales, esta prestación podría beneficiar hasta a cinco millones de personas que han quedado especialmente desprotegidas por las consecuencias de la pandemia.