El drama de las pymes y autónomos que el Gobierno ha olvidado

Las dos guerras mundiales, la gran gripe española de 1918, la Gran Depresión del 29, la crisis del petróleo del 72, la Gran Crisis Financiera de 2008 y la Gran Pandemia del coronavirus de 2020. Todos estos acontecimientos históricos han marcado a varias generaciones humanas y a la mayoría de economías del mundo. Y ahora le toca al Covid-19. Transcurrido ya un mes desde que el Gobierno decretara el estado de alarma para frenar la propagación de la pandemia, economistas, expertos y altos funcionarios del Estado reconocen ya abiertamente que el país está abocado a la recesión económica, aunque prevén que esta sea corta y tenga una recuperación tan rápida como lo ha sido la caída. Por ello, el Ejecutivo ha tenido que adoptar un paquete de medidas extraordinarias con las que salvaguardar el empleo y mantener congelado para poner a salvo el mayor porcentaje posible del tejido productivo nacional. Pero no ha llegado a todos.

Sectores en peligro

El Gobierno ya ha hecho sus previsiones y augura que no se recuperará la normalidad de las actividades empresariales y sociales hasta final de año. Todos los ministerios manejan ya dos fases clave para la deshibernación económica completa: una primera en verano para sectores más productivos, como la industria no esencial, y otra hasta Navidad, en la que se irán incorporando paulatinamente los sectores más afectados por la pandemia, que tendrán un regreso a la actividad más lento y duro, como el turismo y la hostelería. Serán estos sectores los últimos en retomar el pulso de su actividad.

Los grandes olvidados

Prácticamente todos los colectivos profesionales se han visto afectados de una forma u otra por la pandemia, pero en algunos casos la indefinición de la sucesión de normativas extraordinarias aprobadas por el Gobierno ha dejado sus actividades en un limbo difícil de resolver. Así se encuentran muchos autónomos al frente de pequeñas empresas. Es el caso de pymes de reformas –que agrupan los gremios de albañiles, pintores, carpinteros o fontaneros–. No pueden trabajar pese a que han tenido que volver a la actividad tras la hibernación por el fin del permiso retribuido. Su única opción de sobrevivir ante la falta de ingresos sería despedir a sus empleados, pero entonces tienen complicado acogerse a las ayudas por cese de actividad. El pez que se muerde la cola. También odontólogos, ópticos, agentes comerciales, agentes de seguros, veterinarios... Todos ellos han tenido que volver a abrir sus negocios, a mantener a sus trabajadores y sus cotizaciones sociales pero sin posibilidades de recuperar el nivel de ingresos anterior al confinamiento. En muchos casos, al no poder justificar esa caída del 75% de su actividad para poder acogerse a las prestaciones, deben mantener su negocio abierto pero se ven abocados a despedir a los trabajadores que no pueden mantener. Por eso piden al Gobierno una extensión de los ERTE por fuerza mayor, algo que aseguran fuentes de Trabajo, «siguen estudiando».

Profesionales en un limbo legal

La pandemia ha sacudido con especial virulencia a los autónomos que se encontraban en una situación laboral especial y que han quedado desprotegidos por la indefinición legal en la que han quedado. Son, por ejemplo, las madres trabajadoras por cuenta propia que se reincorporaron a la actividad una vez entrado el año 2020 y que ahora no pueden acceder a la prestación extraordinaria porque no son capaces de acreditar una caída de ingresos del 75% durante la baja maternal. En similar situación se encuentran los autónomos en situación de baja laboral por enfermedad o por incapacidad temporal y que hayan vuelto a la actividad. En su caso, tampoco pueden recibir ayudas porque no pueden acreditar las exigencias del decreto. Otro de los colectivos profesionales afectados son los trabajadores fijos discontinuos, que vinculan su actividad de temporada a la época estival. Pese a la promesa del Gobierno de que quedarán cubiertos, en ningún caso recuperarán lo perdido.

Los jóvenes, víctimas del paro

Marzo fue el peor mes para el empleo de la historia de España con 898.822 afiliados perdidos y 302.265 nuevos parados, y esto sin contar con los trabajadores afectados por ERTE ni los autónomos apuntados al cese de actividad. Unas cifras más que preocupantes. Desde el anuncio del estado de alarma se han perdido 68.500 empleos al día y han sido los jóvenes el colectivo más afectado y a los que más complicado les será volver al mercado laboral. Los menores de 35 años apenas suman el 25% del total de los trabajadores dados de alta en el Régimen General, pero en marzo supusieron el 53% de los despedidos. La causa parece lógica: son los que acumulan más temporalidad en sus contratos, tienen mayor facilidad para ser despedidos por las bajas indemnizaciones y suelen trabajar en sectores estacionales y que han sido especialmente afectados por esta crisis, como el turismo, la hostelería y la construcción. La mayor pérdida se produjo entre el colectivo de los 20 hasta los 29 años, más de un tercio de los despidos.

Tres comunidades en crisis

Cumpliendo con la premisa de que todas las autonomías se han visto afectadas por la pandemia, a algunas las ha golpeado con más fuerza que a otras, al estar más expuestos a los sectores con una mayor paralización. Así, Andalucía tuvo en marzo una subida del paro del 17,18%, casi el doble que la media nacional, que fue un alza del 9,31%. De este modo, de los 302.265 nuevos parados en el último mes, tres comunidades acumulan más de la mitad: 138.569 correspondieron a Andalucía; 35.565 a la Comunidad Valenciana y 21.833 a Cataluña.

El campo, contra las cuerdas

El campo afronta tiempos difíciles por la llegada de las campañas de recogida en las que hará falta una mano de obra de hasta 150.000 personas ante la ausencia de temporeros extranjeros debido al cierre de fronteras. Por ello, el sector apuesta porque parados, estudiantes, afectados por los ERTE o voluntarios asuman la recolección de las cosechas. Si no fuera así y las cosechas se perdieran, la situación de las explotaciones agrarias llevaría cierres generalizados en las próximas semanas y a la desaparición prácticamente de todo el sector. No le va mucho mejor al sector ganadero. Los productores de ovino, caprino y cerdo dan por perdida la campaña, ya que el cierre de la hostelería ha significado la pérdida del 95% del total de sus ventas. En cuanto al vacuno, su situación no es tan mala, pero sus ingresos se han resentido hasta en un 50%.

Industria y construcción

La automoción, la industria manufacturera y la construcción han vuelto a la actividad pero sus perspectivas son tan malas como las del resto de sectores. El Ministerio de Trabajo trabaja ya en soluciones que les permitan alargar los ERTE de fuerza mayor para contener lo máximo posible la destrucción de empleo que provocará la fuerte caída de ingresos. La automoción es uno de los sectores con peores perspectivas. Aplicaron expedientes temporales de forma generalizada, pero su vuelta a la actividad parece complicada, ya que la industria auxiliar que abastece de componentes sus líneas de producción todavía no se ha recuperado y sus proveedores tienen restringido el transporte internacional. Ocio, textil, el negocio del lujo, el deporte e incluso el sector petrolífero tendrán una fuerte caída de sus cuentas anuales.

La deuda con los autónomos

Los autónomos está siendo unos de los colectivos más castigados. Cerca de un millón se ha acogido ya al cese de actividad, que les otorga la opción de acceder a prestaciones extraordinarias y aplazar las cuotas y cotizaciones de la Seguridad Social hasta julio, entre otras mejoras como el aplazamiento de algunas deudas tributarias con la administración (como retenciones de IRPF o cuotas repercutidas de IVA, retrasadas hasta el 20 de mayo) y el impuesto de Sociedades. Sin embargo, algunas de sus mayores reivindicaciones no han sido atendidas, como la moratoria para el pago de los alquileres profesionales -o al menos aprobar ayudas para el pago del alquiler de locales y oficinas donde los autónomos desarrollan su actividad-, rebajar el umbral de pérdidas del 75% al 40% para que los autónomos puedan acceder a la prestación extraordinaria con exoneración de cuota, que se unifique y actualice el listado de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) suspendido y se incluya a la construcción y reformas en este listado o impulsar una tarifa plana de 100 euros durante seis meses una vez finalice el estado de alarma para los autónomos que no se beneficien de la prestación extraordinaria.

Transporte, transportistas y taxistas

Los transportistas se han convertido en un sector esencial para el mantenimiento del abastecimiento básico de la población. En su caso, los sucesivos decretos ley han avalado y protegido su actividad, pero no ha sido así en todos los casos. Las líneas aéreas y marítimas se han desplomado en bolsa, aparcado aviones, amarrado barcos y aplicado los ERTE correspondientes esperando una vuelta a la normalidad que no será rápida. Pero uno de los más afectados han sido los taxistas, que han visto reducida su clientela en un 85%, tanto por miedo al contagio en sus vehículos de los clientes como por la reducción de los desplazamientos.

Abogados y procuradores marginados

El colectivo de abogados y procuradores han denunciado en reiteradas ocasines que el Gobierno los ha excluido de las medidas económicas aprobadas y han lamentado que se margine sin ayudas a dos colectivos que se quedan sin ingresos por la paralización de la actividad judicial. Sus profesionales obtienen protección social por dos vías alternativas, por un lado mediante el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA), y por el otro a través de las Mutualidades de Previsión Social. Sin embargo, han considerado que el Gobierno ha hecho “oídos sordos” a esta realidad y no ha sabido responder a las necesidades presentes y futuras que les deja en una situación que han calificado de dramática. Han incidido en que tanto los abogados como los procuradores tienen como única fuente de ingresos su ejercicio profesional y que, con el actual cese de la actividad decretado para los juzgados y sin poder tramitar asuntos, tampoco podrán obtener ingresos de ningún tipo con los que sustentar sus economías. Por su parte, los jueces también reclaman que la Mutualidad de Justicia siga pagando la prestación por bajas durante el estado de alarma, ya que la tramitación de expedientes por incapacidad temporal no se puede realizar por medios telemáticos ni se considera un servicio esencial.