Las pensiones de casi 700.000 funcionarios pasarán a la Seguridad Social en octubre

La gestión del régimen de clases pasivas se mantendrá hasta el próximo 6 de octubre adscrita a la dirección general de costes de personal y pensiones públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda, fecha a partir de la cual pasará al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que las monitorizará a través de la subdirección general de gestión de clases pasivas. Así se contempla en la referencia del Consejo de Ministros sobre el real decreto de estructura básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pendiente de publicación en el BOE. A partir de esa fecha del próximo otoño, se fulmina la autonomía en la gestión de las pensiones de las clases pasivas correspondientes a miles de funcionarios pertenecientes al régimen de clases pasivas: técnicos de Administración Civil, magistrados, jueces, fiscales, funcionarios de las Cortes Generales, ex presidentes, ex vicepresidentes, ex ministros y otros altos cargos, militares de carrera, registradores de la propiedad, profesores universitarios y funcionarios transferidos en su día a las comunidades autónomas, entre otros. Sus pensiones de jubilación, de viudedad, de orfandad y en favor de los padres pasan a estar bajo control José Luis Escrivá, ministro de Igualdad, Seguridad Social y Migraciones, quien ya anunció en su momento su integración en la Seguridad Social para unificar todas las prestaciones.

Con esta disposición adicional, el Gobierno traspasará en octubre la gestión de las pensiones de 657.118 funcionarios, que hasta ahora manejaban los ministerios de Hacienda y Defensa, al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El régimen de clases pasivas era un sistema a extinguir, ya que no admitía nuevos “afiliados” desde 2011 en el caso de los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado.

Se desconoce si esta transferencia modificará las condiciones “especiales” de las que hasta ahora disfrutaban los funcionarios incluidos en este régimen, que podían jubilarse voluntariamente a los 60 años siempre que hubieran acumulados determinados años de servicio al Estado, entre otras particularidades.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido aclarar el traspaso en la gestión de las pensiones de los funcionarios a este último departamento. Según CSIF, el Gobierno ha aprovechado el real decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis por el Covid-19 para modificar “de tapadillo” la gestión de las pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo.En este sentido, CSIF se ha dirigido a los grupos parlamentarios para intentar frenar este traspaso, mediante la tramitación del decreto como proyecto de Ley, con el fin de que se pueda eliminar esta modificación.