La equiparación de sueldos de Policía y Guardia Civil vuelve al debate en plena tormenta con Marlaska

El debate político sobre la efectiva equiparación de los sueldos de la Policía y la Guardia Civil con el resto de cuerpos policiales autonómicos regresa esta semana en plena tormenta en el Ministerio del Interior por la purga desatada por Fernando Grande-Marlaska en la cúpula de la Benemérita. Vox presenta esta en el pleno del Congreso una proposición de ley para la efectiva equiparación salarial de los cuerpos policiales, mientras Marlaska ha anunciado el desembolso de 247 millones de euros para hacer efectivo el tercer tramo de la prometida “equiparación”, lo que se traducirá, según Interior, en una subida del 20% en las nóminas de los policías nacionales y guardias civiles. Aunque todavía no hay fecha para el pago, Marlaska ha asegurado que se hará de forma retroactiva para todo 2020, tratando de apaciguar con el anuncio los ánimos en la Guardia Civil y la Policía. Pero no todos los sindicatos policiales han recibido de buen grado este movimiento. Jupol, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía, califica de “cortina de humo” el anuncio y afirma que no se trata de una equiparación efectiva ya que no contempla las pagas extra, entre otros conceptos.

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Tras décadas de lucha, Policía y Guardia Civil lograron en marzo de 2018 que el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, firmara con los representantes de cuatro sindicatos policiales y siete asociaciones de guardias civiles un acuerdo calificado como “histórico” para que la equiparación de los agentes nacionales con los Mossos d’Esquadra, los agentes que más cobraban, fuera “real, absoluta y total” en 2020. La equiparación salarial llegó al Congreso a finales de 2018 a través de una inciativa legisltativa popular (ILP) presentada por la asociación Jusapol, la plataforma que defiende una equiparación salarial con los cuerpos autonómicos con una mayor dotación económica que la firmada en marzo de ese 2018. La ILP de Jusapol recibió el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo de los nacionalistas y secesionistas. Con la llegada de Pedro Sánchez al poder, el Gobierno realizó el primer pago en octubre de ese año y el segundo en febrero de 2019.

Sin embargo, a principios del presente año Jusapol presentó una segunda ILP. Con el Gobierno en manos de Podemos y de los secesionistas, Sánchez la desartó amparándose en el acuerdo firmado en 2018. Aun así, Vox decidió entonces presentar a su nombre como proposición de ley la ILP y ahora llega en plena crisis de la Guardia Civil, tras el cese del jefe de este cuerpo en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, y la subsiguiente dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Benemérita, Laurentino Ceña.

Hasta la fecha el reparto de la equiparación firmada en marzo de 2018 se ha realizado de forma desigual en los dos tramos, con quejas de casi todos los sindicatos y asociaciones a uno y otro lado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha demandado "acabar con la disfunción salarial entre policías que realizan las mismas funciones” como en lo relativo al abono de los pluses, ya que mientras un guardia civil percibe por trabajar de noche 0,71 céntimos por hora trabajada (5,68 euros el total del turno) o 1,43 euros si es en horario festivo, en otros cuerpos los agentes cobran una media de 36 euros por hora.

Jusapol y la ILP retomada por Vox advierten de que la diferencia salarial existente entre los diversos cuerpos policiales es “una evidente incoherencia” dado que las competencias y funciones que la Policía Nacional y la Guardia Civil desempeñan en materia de seguridad pública son superiores a las atribuidas a los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza. Esas diferencias retributivas se producen en la asignación del complemento específico, las horas extras, los complementos por nocturnidad y su reflejo en las cotizaciones de la Seguridad Social y sus futuras pensiones.

Pero, además, el anuncio de Marlaska ha servido para que la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro) haya exigido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se pronuncie “a la mayor brevedad” sobre las razones para la “discriminación” y el “castigo” al que se somete a los militares tras el anuncio del Gobierno de aprobar el tercer tramo de equiparación salarial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El colectivo emitió un comunicado la semana pasada en el que denunció el “doble rasero” con que el Ejecutivo trata al personal que ha estado involucrado en la lucha contra el coronavirus, como lo evidencia, a su juicio, el hecho de que se acaben de aprobar 247 millones de euros para mejorar las nóminas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.